La noticia del suicidio del soldado de 21 años dentro del predio de la Quinta Presidencial de Olivos, donde cumplía funciones de vigilancia, no solo conmocionó a las autoridades y a la Justicia federal, sino que también encendió una intensa discusión en redes sociales, donde se debatió sobre posibles causas, responsabilidades y la transparencia del caso. El hecho, ocurrido en la madrugada del 16 de diciembre y bajo investigación del juzgado federal de Sandra Arroyo Salgado, fue comentado y compartido ampliamente en plataformas como X, Facebook e Instagram, generando desde mensajes de dolor hasta teorías y críticas hacia el Gobierno y las instituciones.
En la escena digital, muchos usuarios compartieron publicaciones informativas que resumían los hechos y citaban la hipótesis oficial de suicidio con base en una carta hallada junto al cuerpo del joven soldado, identificado en varios medios como Rodrigo Gómez, destinado al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo. Estas publicaciones, tanto en páginas de noticias como en cuentas de ciudadanos, fueron amplificadas con comentarios de condolencia hacia su familia y reflexiones sobre la salud mental en las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, en paralelo también surgieron reacciones críticas y narrativas conspirativas que ponían en duda la versión oficial, señalando el lugar simbólico del hecho —la residencia presidencial del presidente Javier Milei— como motivo para sospechas sobre las circunstancias reales del deceso. En algunos grupos, estas teorías circulaban con comentarios que sugerían falta de transparencia o intentos de ocultar información, aunque estas versiones no están respaldadas por evidencias judiciales y no han tenido cobertura en medios tradicionales.
Los presuntos motivos detrás de la decisión del soldado de quitarse la vida, según la carta encontrada junto a su cuerpo, giran en torno a graves problemas económicos, con deudas que, según medios que consultaron el perfil crediticio del joven, podrían rondar los dos millones de pesos con diversas entidades financieras, una carga difícil de sostener con el salario militar y que habría generado una profunda angustia personal.
En esa misiva, dirigida a su familia y a sus camaradas, el soldado se habría despedido y reconocido esas obligaciones financieras, lo que refuerza la hipótesis de que la presión económica pudo haber influido en su decisión extrema. La carta fue uno de los elementos que llevó a la Justicia y a las fuerzas de seguridad a considerar el suicidio como la hipótesis preponderante, aunque la investigación oficial sigue abierta y se espera el resultado de la autopsia.
En cuanto a los familiares, los primeros reportes periodísticos apenas mencionan que la carta estaba dirigida a ellos y a sus compañeros de armas, pero no se han divulgado detalles adicionales sobre su situación personal o declaraciones públicas, en respeto a la privacidad y al proceso judicial. Las redes sociales, al mismo tiempo que expresaron solidaridad, también reflejaron la ansiedad colectiva por respuestas claras y precisas sobre el contexto que rodeó esta tragedia.