El 10 de julioel juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en el marco de la causa “Seguros”, una investigación que expone presuntas maniobras de corrupción durante su gestión.
La resolución judicial, que también alcanza a otras 33 personas de la órbita de Alberto Fernández, marca un punto de inflexión en la trayectoria política del exmandatario y abre un complejo escenario judicial que podría extenderse a empresas privadas y funcionarios públicos.
La causa “Seguros” se inició a partir de denuncias sobre irregularidades en la contratación de pólizas por parte de organismos estatales. El eje central de la investigación gira en torno al decreto presidencial 823/2021, firmado por Fernández, que obligaba a todas las dependencias del Estado a contratar seguros exclusivamente con Nación Seguros S.A., una empresa vinculada al Banco Nación.
Según la Justicia, esta medida habría favorecido a intermediarios privados cercanos al expresidente, generando comisiones millonarias y direccionando contratos de manera irregular. El juez Casanello sostiene que detrás de esta operatoria existió una “estructura criminal” destinada a desviar fondos públicos hacia manos privadas.
Fernández fue procesado por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, figuras penales que contemplan penas de prisión de hasta seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Además, el juez ordenó un embargo sobre los bienes del expresidente por un monto de $14.634.220.283,68, una cifra que refleja la magnitud del presunto perjuicio económico causado al Estado. Uno de los aspectos más controvertidos del caso es la participación de Héctor Martínez Sosa, broker de seguros y amigo íntimo de Fernández, quien habría sido beneficiado directamente por el esquema.
Comunidad de intereses económicos
Martínez Sosa fue el principal cliente del expresidente cuando este ejercía como abogado y lobista entre 2010 y 2019. Su esposa, María Cantero, fue nombrada secretaria privada de Fernández al asumir la presidencia, lo que según el juez evidencia una “comunidad de intereses económicos” entre los tres. Cantero también fue procesada por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.
Durante el gobierno de Alberto Fernández, las comisiones cobradas por Martínez Sosa ascendieron a $2.252 millones, representando casi el 60% del total pagado por Nación Seguros. En comparación, el segundo broker más beneficiado recibió apenas el 17%.
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