Desde uno de los sindicatos de trabajadores viales indicaron que acudirán a la Justicia ante la incertidumbre de la situación laboral. Señalan que el organismo tiene a cargo el mantenimiento de 1.100 kilómetros de rutas nacionales en Corrientes.
A través del Decreto N°461/2025, el Gobierno de Javier Milei disolvió la Dirección Nacional de Vialidad y la Agencia de Seguridad Vial. Esto generó malestar tanto entre gobernadores y en los sindicatos que avanzan con presentaciones ante la posibilidad de que varios trabajadores se queden sin su sustento. En Corrientes podría afectar a unos 143 agentes y, sumado a los recientes anuncios de cierres de organismos nacionales como el INTA, los despidos podrían alcanzar a unas 200 personas.
“Salió un decreto por el cual desapareció Vialidad Nacional y crean otros organismos que harán el trabajo de Vialidad Nacional. Quedarían en la calle 5.200 personas en todo el país”, dijo a época el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Vialidad (STV) en el distrito Corrientes, Alfredo Ramírez. Si se tiene en cuenta al núcleo familiar de los trabajadores, “más de 10.000 personas se quedarían sin el sustento diario”.
En Corrientes son 143 los agentes que desarrollan sus funciones en el organismo, distribuidos en la delegación ubicada en la ciudad de Corrientes, edificio ubicado en Chaco y avenida costanera General San Martín. También, en diferentes campamentos. Éstos se encuentran en San Roque, sobre Ruta N° 12; en Curuzú Cuatiá, en Paso de los Libres, en la zona del parque antes de subir al puente; en Santo Tomé, por Ruta 14.
Del total de los empleados afectados, en la provincia son 40 los que forman parte de la planta permanente, unos 80 son agentes transitorios y el resto están en carácter de personal con contrato indeterminado. Según indicaron, los trabajadores de planta pasarían a disponibilidad con el 50% de los salarios debido a que afectarían el pago de los adicionales y a los demás se les abonaría una indemnización.
Para los trabajadores “el futuro es incierto”. Es por ello, que preparan la presentación de un amparo ante el Juzgado Federal. Además, llevarán el reclamo al Congreso de la Nación. Tanto en la provincia como en los demás distritos se espera la definición de medidas de fuerza a nivel nacional.
Ramírez explicó que el Decreto tiene lagunas, por lo cual se retrotrajo uno de los artículos, que consiste en otorgar al organismo el mantenimiento de las rutas hasta tanto se concesionen. Aunque ellos lo ven como transitorio, lo cual genera incertidumbre entre los agentes.
“Tenemos una red troncal de 40.000 kilómetros, de los cuales 10.000 kilómetros están concesionadas y están cerca de llegar a los 10 años. Unos 30.000 quedaron a cargo del mantenimiento de Vialidad”, informó a época el secretario general de STV Corrientes. “Con este decreto, ¿quién se va a hacer cargo de esto?”, cuestionó.
El modelo apuntaría hacia la privatización del mantenimiento de las rutas nacionales. Sin embargo, según expresó el referente gremial, hay áreas que no serían rentables para las empresas por lo que requiere de la intervención del Estado. Este sería el caso de la Ruta N° 120. Incluso, advirtió sobre la posibilidad de que puedan encarecerse la tarifa de peajes.
En Corrientes hay una red de 1.100 kilómetros de ruta, con 143 agentes para su mantenimiento. Estas incluyen las Rutas Nacionales N°12, 14, 123, 120 y 119. Según indicó Ramírez, trabajan varias divisiones, entre ellas la de conservación que está a cargo del mantenimiento de las rutas.
Se componen de los distintos campamentos, los equipos de señalamiento horizontal y vertical, el área de balanzas que se encargan de controlar el peso y las dimensiones de los camiones que transitan sobre la ruta nacional para que no deterioren la infraestructura. Ahora, el trabajo se derivará a Gendarmería Nacional.
La división de obras está a cargo de la parte técnica e integrado por profesionales, quienes supervisan las obras y las bases y condiciones de los pliegos para los llamados a licitación. “Controlan que la empresa que gana la licitación cumpla con todas las especificaciones técnicas establecidas en el pliego”, explicó el sindicalista.
La división de proyectos, por su parte, está a cargo de los estudios previos de obra, de los censos de transitabilidad diaria, media y anual en las rutas.
De de los trabajos se extrae información para los llamados a licitación. “Los proyectos se llevan a Buenos Aires para aprobar las obras”, señaló el procedimiento Ramírez. Este, a su vez, sostuvo que el Gobierno al momento de asumir paralizó la obra pública incluso en algunos casos en que la ejecución se encontraba con un 80% de avance.
Vialidad Nacional funciona desde 1953 tras su creación a través de un decreto y luego ratificada por Ley Nacional en 1958. “Estamos ante un Gobierno que quiere hacer desaparecer las instituciones que engrandecen al país en beneficio de empresas privadas”, expresó el secretario general de STV Corrientes.
En 2001, el sindicato nacional impulsó la creación del Impuesto a los Combustibles para financiar obras viales. En la actualidad, según señalaron desde el gremio, el Gobierno de Milei adeudaría unos $3.400 millones para el mantenimiento de las rutas. “Hay denuncias ante el Congreso de la Nación, pero nunca estuvieron el Secretario de Obras ni al administrador de Vialidad”, señaló el sindicalista.
“Dicen que somos deficitarios, corruptos. El administrador que estuvo en la época de Cristina está condenado. Ahora, ¿qué culpa tiene el empleado y la propia Dirección Nacional de Vialidad para que un Gobierno tenga tanto ensañamiento?”, cuestionó Ramírez. “Somos trabajadores comunes, no nos quedamos con nada”, expresó.
“La gente (por los trabajadores) está saliendo a trabajar sin los fondos suficientes, sin las herramientas. Se les debe tres meses de adicionales, pero salimos a trabajar porque tenemos un compromiso con la sociedad”, manifestó.
El decreto que reestructura el organismo nacional no generó una buena impresión en los cargos ejecutivos subnacionales y municipales. Al respecto, el gobernador Gustavo Valdés expresó ayer que las obras les corresponden a Nación y remarcó que las rutas “están muy deterioradas”, por lo cual se requiere de inversión.
“Hicimos la Ruta 117, que era una vergüenza, con fondos provinciales, reparando la ruta, pero no podemos hacernos cargo de todo porque no tenemos presupuesto”, manifestó luego del acto de entrega de motocicletas a la Policía de Corrientes. “Nosotros fortalecimos Vialidad Provincial, hicimos obras, con criterios de cada organización, hoy vemos una gran capacidad de hacer obras muy importantes”, aseveró.
Los gobernadores reclamaron al Gobierno nacional el reparto de los fondos correspondientes a obras viales que se adeudan del Impuesto a los Combustibles. Sin embargo, no hubo acuerdo con la Casa Rosada.
La semana pasada, el jefe del Distrito N°10 de Vialidad Nacional, David Moulin, defendió la medida al señalar que no se trataría de un cierre, sino de “una reestructuración” para “evitar que se repitan tareas y descoordinación.
Empleos afectados
Tras las disoluciones de Vialidad Nacional, INTI e INTA, los trabajadores se encuentran en alerta, promoverán cautelares y en otros casos realizarán medidas de fuerza. Se calcula que las medidas podrían afectar a unos 200 empleos en Corrientes. El Gobierno nacional continúa con la política de disolución de organismos nacionales.