El Fiscal General del Poder Judicial ordenó reabrir la investigación por el abuso a una perra, tras una interpretación amplia de la ley de maltrato animal. El caso había sido archivado por “atipicidad”.
El Fiscal General del Poder Judicial, César Sotelo, ordenó la reapertura de la investigación en el caso “Alita”, que involucra el abuso de una perra por parte de un vecino identificado como Adolfo Centurión. La causa había sido archivada por el titular de la UFIC n.° 2 de Capital, Raúl Pasetto, quien argumentó la “atipicidad” del hecho al no estar explícitamente mencionada la zoofilia en la Ley Nacional de Maltrato Animal (n.° 14.346).
Ante esta decisión, la abogada de la dueña del animal, Liliana Gómez, presentó un pedido de revisión que fue finalmente respaldado por el Fiscal General. En su dictamen, Sotelo realizó una interpretación amplia de la normativa vigente, considerando que el acto encuadra en el artículo 3, inciso séptimo de la ley de 1954, que define como acto de crueldad el “lastimar animales intencionalmente, causándoles torturas o sufrimientos innecesarios por el solo espíritu de perversidad”.
“Es un tipo penal abierto y no necesariamente tiene que estar establecido expresamente”, sostuvo Sotelo, subrayando que un hecho de esta naturaleza cometido por un humano supone un sufrimiento evidente para el animal. Un factor determinante para la reapertura fueron las lesiones constatadas por veterinarios, las cuales corroboran el daño físico y el padecimiento sufrido por la perra como consecuencia directa del abuso.
Con esta resolución, el caso ya no será archivado. El Fiscal General ordenó la reapertura del Legajo de Investigación Fiscal (LIF) y remitió las actuaciones al fiscal Jorge Antonio Casarotto, titular de la UFIC n.° 9, quien quedará ahora al frente de la investigación contra Centurión. Este fallo es visto con optimismo por organizaciones proteccionistas, ya que refuerza la idea de que la justicia debe proteger el bienestar animal basándose en el espíritu de la ley y el daño efectivo.