(Corresponsalía Buenos Aires) – El gobierno de Javier Milei atraviesa uno de sus momentos más tensos desde que asumió el poder. La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció un nuevo paro general para el 10 de abril, el tercero en apenas cuatro meses de gestión libertaria, obligando al Presidente a replegarse en el frente doméstico. Como consecuencia, dos viajes previstos a España e Israel fueron suspendidos por “acontecimientos internos”. El mensaje es claro: la calle vuelve a marcar el ritmo de la política.
Desde su llegada al poder, La Libertad Avanza se apoyó en una estrategia de avance constante: reformas aceleradas, confrontación abierta y un discurso de combate permanente. Sin embargo, en las últimas semanas, el Gobierno se ve obligado a reaccionar ante los acontecimientos. El escándalo $LIBRA, que mezcla criptomonedas, estafas y conexiones gubernamentales, alteró la agenda oficial, mientras que las protestas en las calles desnudaron una fisura en el discurso libertario: la idea de que todo aquel que se manifiesta forma parte de una conspiración organizada.
El 1° de febrero, una marcha antifascista se convirtió en un punto de inflexión. No por su magnitud, sino por su tono. Nació como respuesta al discurso de Milei en Davos, que sectores del progresismo y la izquierda interpretaron como un ataque a las conquistas democráticas. En un contexto de creciente tensión social, las manifestaciones cobraron fuerza, culminando el 12 de marzo en una violenta represión contra jubilados e hinchas de fútbol frente al Congreso. Las imágenes del fotógrafo Pablo Grillo, herido por un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza, y de una jubilada empujada por un policía incomodaron incluso a los seguidores de Milei.
Desde el Gobierno, la respuesta se dividió en dos estrategias: mientras la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, endureció su discurso justificando la represión, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, intentó minimizar el hecho como un “accidente”. A pesar de la postura oficialista, el costo político de la violencia estatal empezó a hacer mella en la imagen del Gobierno.
El Ejecutivo encontró un respiro cuando logró aprobar en Diputados el DNU que habilita un nuevo acuerdo con el FMI, en una jornada donde la seguridad consiguió contener las protestas sin desbordes. Bullrich, con apoyo directo de Milei, coordinó el operativo junto a la SIDE, implementando una “zona estéril” en las inmediaciones del Congreso y controlando los accesos. El oficialismo interpretó esto como un triunfo en su política de orden.
Sin embargo, el escenario sigue siendo complejo. La CGT confirmó el paro general del 10 de abril, acompañado de una movilización el día 9, presencia en la marcha por el Día de la Memoria el 24 de marzo, apoyo a los jubilados y una gran protesta el 1° de mayo. “Es una acción sindical de 36 horas”, advirtió el dirigente cegetista Héctor Daer. La central obrera, tras meses de relativa pasividad, optó por escalar el conflicto.
En la Casa Rosada, la tarea de evitar la huelga recayó sobre Francos, único nexo con los sectores sindicales dialoguistas. Sin embargo, las chances de frenar la medida son bajas. Desde el entorno de Milei sospechan que la presión social tras la represión del 12 de marzo empujó a la CGT a tomar esta decisión.
El Gobierno enfrenta un dilema. Cada gesto de firmeza refuerza su base, pero también incrementa la tensión con el resto del electorado. Las imágenes de represión, los ajustes y la suspensión de viajes internacionales colocan a la administración en una situación límite. “Van a buscar muertos”, advirtió un funcionario tras la violenta jornada del 12 de marzo. En la Argentina de Milei, cada día que transcurre sin que todo estalle es, para la Casa Rosada, un triunfo. O, al menos, una prórroga.