“Somos 708 trabajadores con nombre y apellido. No somos un gasto, somos personas”.
Entrevista a Evangelina Galiani, trabajadora de la Dirección de Control y Fiscalización Vial de la ANSV, quien denuncia el vaciamiento del organismo tras el decreto de disolución firmado por el Gobierno Nacional.
Es importante aclarar que el conflicto que atraviesan los trabajadores de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) no debe confundirse con el de Vialidad Nacional, aunque ambos organismos hayan sido alcanzados por el mismo decreto presidencial.
Mientras que Vialidad Nacional se ocupaba históricamente de la construcción, mantenimiento y conservación de rutas, la ANSV —creada en 2008— cumple una función completamente distinta: prevenir siniestros viales, coordinar políticas públicas de seguridad vial, realizar controles, campañas de concientización, fiscalización y producción de datos.
La disolución de la ANSV no implica solo el cierre de un organismo estatal, sino también el vaciamiento de una política pública de salud y prevención que ha logrado según algunas estadísticas reducir significativamente la cantidad de muertes en rutas argentinas. Con ese marco, Evangelina Galiani explica en qué situación se encuentran hoy quienes integran esa agencia.
A raíz de lo informado por el Gobierno Nacional ¿En qué situación se encuentra actualmente la ANSV?
– La situación es crítica. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) fue creada en 2008 como una política de Estado destinada a reducir la siniestralidad vial. Hoy, tras el decreto del Poder Ejecutivo publicado el 8 de julio, que dispone su disolución, los 708 empleados que formamos parte de la Agencia nos quedamos sin trabajo de un día para el otro. Y lo más grave es que este decreto manda a traspasar funciones a Gendarmería Nacional, pero no así al personal ni a los recursos humanos. Es una forma encubierta de vaciamiento. Nos dicen que sigamos trabajando como si nada, cuando en realidad estamos frente a un cierre encubierto.
¿En qué afecta específicamente el decreto?
– El decreto implica la disolución total del organismo, con la gravedad de que no contempla qué pasará con sus trabajadores ni con la estructura federal que sostiene las tareas de fiscalización y prevención vial. No prevé reubicación, no prevé indemnizaciones, no ofrece ninguna garantía laboral. Solo transfiere las funciones a Gendarmería Nacional, como si esa tarea pudiera continuarse sin las personas, sin la experiencia y sin el trabajo técnico acumulado en años. Además, al eliminar la ANSV, se destruye una red de datos, una política pública y una estrategia nacional que había logrado resultados concretos en la baja de siniestros fatales. Lo que hace el decreto es eliminar una política que salva vidas, sin ningún plan real para reemplazarla.
¿Cuántos trabajadores tiene la ANSV en todo el país y cuál es su situación contractual?
– En total somos 708 empleados, de los cuales solo 130 o 136 pertenecen a planta permanente. El resto somos todos contratados, muchos desde hace años. Dentro de esa cifra, hay aproximadamente 450 trabajadores que integran las 42 sedes y bases operativas que dependen de la Dirección de Control y Fiscalización Vial, en todo el territorio nacional. Es decir, el grueso del personal que sostiene los controles, capacitaciones y fiscalizaciones en rutas. La situación es de extrema vulnerabilidad, porque la mayoría no tiene ningún tipo de estabilidad laboral ni indemnización prevista.
¿Cómo afectaría esta medida al tránsito y la seguridad en rutas nacionales?
– Sería un retroceso enorme. La Agencia logró reducir las muertes por siniestros viales de casi 6.000 en 2008 a alrededor de 3.800 en los últimos años. Eso no fue casualidad, fue producto de años de trabajo articulado con provincias, municipios, ONG, campañas de prevención, controles masivos, capacitaciones, uso de tecnología y una red de datos unificada que permitió ordenar y centralizar información vital. Si esto se desmantela, se pierde todo ese trabajo acumulado y, lo más grave, se pone en riesgo la vida de miles de personas. La ANSV no es un gasto, es una inversión en salud pública y vida.
¿Han sufrido algún tipo de desfinanciamiento o vaciamiento previo a esta medida en el último tiempo?
– Sí. Aunque la Agencia tiene presupuesto propio —que proviene del aporte que hacen todos los ciudadanos a través de sus pólizas de seguro automotor—, venimos viendo señales de desfinanciamiento. Nos dejaron sin recursos nuevos, sin reemplazos de móviles, sin refuerzos para bases operativas, y con falta de respuesta por parte de las autoridades. Los gremios, tanto ATE como UPCN, estuvieron ausentes. Por eso nos autoconvocamos más de 300 trabajadores, y en apenas tres días decidimos organizarnos para recurrir a la justicia con un recurso de amparo y pedir una medida de no innovar. Queremos frenar este atropello.
¿Por qué Gendarmería Nacional no podría cumplir con la tarea que realiza la ANSV?
– Porque no es su función, ni su formación. Gendarmería está preparada para tareas de seguridad en fronteras, no para hacer prevención, control vehicular ni campañas de concientización ciudadana. No tienen ni la capacitación, ni el equipamiento, ni los protocolos adecuados para esto. La ANSV es un organismo técnico, civil, con una misión clara: salvar vidas. La función que cumplimos es específica, compleja, y fue construida con años de formación profesional, desarrollo de sistemas y articulación federal. Gendarmería no puede reemplazar eso, ni debe. Esto no es un problema de jurisdicción, es un intento de destrucción de una política pública con resultados concretos en la reducción de muertes.
¿Qué tareas concretas realizaban desde la Dirección de Control y Fiscalización Vial?
– Desde nuestra Dirección llevamos adelante tareas de control en rutas, prevención en fechas clave, fiscalización conjunta con provincias y municipios, y campañas de concientización. No solo hacemos infracciones, también difundimos información clave para prevenir siniestros. Además, aportamos a la base de datos nacional con registros de antecedentes, tipos de infracción, puntos de control y análisis estadísticos. Todo eso forma parte del Observatorio Vial, que nutre la política pública y demuestra con evidencia que nuestra labor salva vidas.
¿Cómo surgió la organización de los trabajadores ante esta crisis?
– Nos autoconvocamos hace pocos días, cuando vimos que ni ATE ni UPCN aparecían ni nos daban respuesta. Empezamos cuatro compañeros y hoy somos más de 300. Nos asesoramos legalmente y estamos preparando un recurso de amparo para pedir una medida de no innovar. También buscamos llegar al Congreso para que se declare la inconstitucionalidad del decreto. Fue un proceso de dolor, pero también de unidad. Sabemos que somos trabajadores con formación, con historia en este organismo, y que no nos pueden barrer sin ninguna garantía.
¿Qué mensaje quieren dar a la sociedad y al Congreso frente al posible cierre de la ANSV?
– Que no somos un gasto público, somos una política de Estado que salva vidas. Que el Congreso debe votar con conciencia, con conocimiento de causa. Esta agencia logró bajar las muertes en rutas de casi 6.000 a 3.800 por año. Lo hicimos con trabajo técnico, articulación federal y compromiso. Gendarmería no puede ni debe reemplazarnos. Necesitamos que los legisladores frenen este decreto, por nuestros empleos y por la seguridad vial de todos los argentinos.