El decreto establece criterios de acceso, control y conversión automática de las pensiones vigentes.
El Gobierno nacional aprobó la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y puso en marcha los procedimientos operativos para un nuevo régimen de pensiones no contributivas destinado a personas con discapacidad, según se publicó este martes en el Boletín Oficial.
La medida fue oficializada mediante el Decreto 84/2026, firmado por el presidente Javier Milei, y responde a una orden judicial del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que exigió la aplicación inmediata de la Ley 27.793 tras declarar inválido un decreto previo que había suspendido su ejecución por falta de financiamiento.
La reglamentación fija de manera detallada los criterios de acceso a las pensiones, las condiciones de permanencia en el sistema, las incompatibilidades con otros beneficios, los procedimientos administrativos y los mecanismos de control. Según se indica en los considerandos, el nuevo esquema deberá articularse con las políticas de inclusión laboral y con las reglas de compatibilidad de ingresos.
Uno de los puntos centrales del decreto es la incorporación de la Secretaría Nacional de Discapacidad al Ministerio de Salud, concentrando en esa cartera la política pública vinculada a la discapacidad. El Gobierno fundamentó la decisión en una concepción integral del derecho a la salud, que abarca aspectos sanitarios, sociales, económicos y de acceso a derechos.
La norma también instruye a la Secretaría Nacional de Discapacidad a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para consensuar los criterios de evaluación socioeconómica y presentar, en un plazo de 30 días, un plan de auditorías periódicas. Además, la habilita a dictar normas aclaratorias y complementarias para la correcta implementación del régimen.
Otro aspecto relevante es que el decreto dispone la conversión automática de las pensiones no contributivas vigentes al nuevo formato de Pensión No Contributiva por Discapacidad para la Protección Social. Para ello, la autoridad de aplicación deberá identificar, relevar y verificar las condiciones de las prestaciones actualmente otorgadas.
Las medidas adicionales que se acuerden con el Consejo Federal de Discapacidad se implementarán mediante esquemas de cooperación y cofinanciamiento entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con sus competencias y disponibilidades presupuestarias.
La reglamentación entró en vigencia el 3 de febrero de 2026, fecha de su dictado, y marca el inicio de una nueva etapa en la administración de las pensiones por discapacidad en todo el país.