La Cámara de Diputados de Corrientes analiza varias iniciativas para prevenir el acoso escolar y proteger la salud mental de niños y adolescentes, con propuestas que van desde la intervención psicosocial hasta sanciones parentales.
En la Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes se tratan diversos proyectos de ley con el objetivo de brindar más herramientas para minimizar las situaciones de acoso escolar y riesgo en salud mental. Durante la sesión de este miércoles, ingresó una iniciativa para crear un programa provincial de intervención psicosocial escolar, impulsada por los diputados Eduardo Hardoy y Jessica Romero, del bloque del Partido Liberal (PL).
El proyecto busca establecer equipos interdisciplinarios permanentes integrados por profesionales de la psicología, psicopedagogía y orientación escolar, con el fin de detectar y abordar casos de hostigamiento sistemático y sufrimiento psíquico en niños y adolescentes. La iniciativa aclara que no pretende superponerse a las leyes Nº 5.660 y Nº 6.212, sino fortalecerlas mediante una estructura técnica obligatoria. Según los autores, se busca pasar de un esquema predominantemente declarativo a uno con capacidad real de respuesta.
Paralelamente, en las comisiones permanentes se analizan otros dos expedientes. Por un lado, la diputada Ana María Marlene Marlén Gauna (PJ) propone incorporar el acoso escolar y la responsabilidad parental al Código de Faltas de la Provincia (Expediente Nº 19.819), estableciendo sanciones de trabajo comunitario de hasta 50 días y multas para los padres que omitan su deber de vigilancia. Por otro lado, la diputada Valeria Pavón (UCR) impulsa la creación de un sistema provincial de prevención de violencias extremas en ámbitos educativos y entornos digitales (Expediente Nº 19.906), orientado a detectar señales previas como aislamiento o amenazas en redes sociales.
El diseño territorial del programa de intervención psicosocial prevé equipos institucionales en escuelas con gran matrícula y equipos regionales para zonas rurales o de menor escala demográfica, garantizando su obligatoriedad en toda la provincia. Además, se establece la capacitación periódica para docentes y directivos, con el fin de que puedan identificar indicadores de sufrimiento psíquico y activar protocolos sin revictimizar a los estudiantes. El proyecto también incorpora el ciberbullying como una manifestación que extiende el hostigamiento más allá del aula.