1, julio, 2025
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Andrea Tuana financia su oscura ONG con dinero público

Andrea Tuana Nageli, nació el 4 de julio de 1969, en Montevideo.

Es la cabeza desde hace muchísimos años la ONG (Organización No Gubernamental) ultra feminista radicalEl Paso“, que bajo la mascarada de “defender los derechos humanos” y “los derechos de las infancias”, ha hecho un negocio turbio con las denuncias falsas de “violencia de género”.

El Paso es una ONG con personería jurídica que simula defender a las mujeres que padecen violencia, pero es una máquina de succionar dinero de los contribuyentes uruguayos. 

El pretexto es siempre el mismo, “defender a los más débiles de la sociedad”, a las “mujeres víctimas de violencia de género” a “los niños y niñas maltratados y maltratadas”, y cuestiones por el estilo.

El propósito es celebrar con distintos organismos estatales para cobrar dinero de los contribuyentes

La nefasta ley 19.580

La ley 19.580 de “violencia de género”, se aprobó en 2017 durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez.

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Es una ley absurda, inconstitucional, e injusta, que barre con la presunción de inocencia de los varones, y otorga a la mujer que realiza una simple denuncia privilegios y beneficios. 

La ley 19.580, además de terminar con la presunción de inocencia de la mitad de la población, todos los varones de todas las edades, le otorga a la denunciante el privilegio de cobrar 12 sueldos de su denunciado. 

Es decir que la mujer que inventa una denuncia falsa, al cabo de un juicio, puede cobrar 12 sueldos del hombre que padeció esa denuncia falsa.

Supongamos que un señor cobra un sueldo de $100.000 mensuales. Si ese hombre es víctima de una denuncia falsa de violencia de género, la mujer que lo denunció falsamente cobrará $1.200.000 al cabo del juicio. 

Ya que es la ley 19.580 la que señala que la denunciante cobrará 12 sueldos del denunciado, aunque no tenga pruebas de que padeció violencia.

La industria de la denuncia falsa

La ONG de Tuana, como tantas otras organizaciones feministas radicales, tienen su mayor fuente de financiamiento del Estado, es decir del dinero que los contribuyentes que pagan impuestos. 

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El esquema es el siguiente: una mujer quiere denunciar falsamente a su novio, marido, o ex pareja, la ONG feminista le brinda asesoramiento “gratuito”, donde se encargan de todo.  

Al cabo de un juicio ese hombre es condenado y, entre otras sanciones, se le impone que le abone 12 sueldos a la mujer que le realizó la denuncia falsa. 

Siguiendo con el ejemplo anterior, ese hombre le pagará a quien lo denunció falsamente $1.200.000. 

De este monto la ONG feminista cobra una “comisión“, qué ronda el 20%. En este ejemplo, la ONG feminista que asesoró en la denuncia falsa cobrará $200.000. 

Cómo se aprecia, es un negocio redondo. Se incita a mujeres a que hagan denuncias falsas de “violencia de género” contra hombres inocentes, y cuando este varón es condenado judicialmente la mujer que realiza la denuncia falsa cobra, y también cobra la ONG feminista que se prestó a esta maniobra sucia

Este negocio siniestro de la denuncia falsa funciona en Uruguay desde 2017 cuando se aprobó la ley 19.580.

Esta es la prueba fundamental de por qué todas las organizaciones feministas, sin excepción, defienden dicha norma y se niegan a cualquier tipo de modificación. 

Gracias a esta ley y a las denuncias falsas de violencia de género, cobran su “comisión”. 

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Financiamiento estatal

La ONG El Paso, como el resto de las organizaciones feministas radicales uruguayas, también cobran dinero público a través de convenios con organismos estatales.

Uno de los principales organismos estatales es Inmujeres (Instituto Nacional de las Mujeres), que pertenece al MIDES.

En el gobierno de Lacalle Pou, Inmujeres fue encabezado por Mónica Bottero, del Partido Independiente de Pablo Mieres.

Bottero fomentó las denuncias falsas, e inyectó miles de millones de pesos a varias ONGs feministas radicales. 

Básicamente Inmujeres celebra convenios con ONGs feministas radicales para brindar “talleres de perspectiva de género en el ámbito rural” o “cursos de cómo prevenir el acoso callejero”.

A través de estos convenios Inmujeres, con el dinero de todos los uruguayos, le inyecta a estas ONGs millones de pesos todos los meses. 

Desde luego que este tipo de talleres o cursos no sirve absolutamente para nada. Es una pantalla para que recursos públicos financien las ONGs feministas radicales

La ONG de Andrea Tuana, como muchas otras, cobra de esta forma, inventando cursos, talleres y charlas con organismos estatales.

De esta forma cobra dinero de todos los uruguayos. 

La intendencia de Montevideo desde hace muchísimos años realiza la misma práctica, celebra distintos convenios o acuerdos con las ONG feministas radicales para supuestos talleres o cursos, y de esta forma le inyecta el dinero de todos los montevideanos a estas organizaciones extremistas

Andrea Tuana sancionada

La directora de la ONG El Paso fue sancionada por el Ministerio del Interior en febrero de 2025 con una suspensión de seis meses sin goce de sueldo. 

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La sanción se originó por declaraciones de Tuana en febrero de 2024 en el programa Arriba Gente de Canal 10. 

Tuana afirmó falsamente que niños eran dejados en puntos de venta de drogas como “garantía” por deudas impagas, y vinculó estas situaciones a la explotación sexual asociada al narcotráfico.

Lo que dijo fue una barbaridad total y una falsedad absoluta. Mintió a sabiendas.

El Ministerio argumentó que como funcionaria del Hospital Policial, no denunció formalmente estos presuntos delitos.

La feminista ultra radical recurrió la sanción, y hasta junio de 2025 no había una decisión definitiva.

Más allá de esta sanción, Tuana es la cara visible de un negocio sucio, turbio e inmoral, que se basa en promover denuncias falsas de violencia de género contra hombres inocentes, y de usar temas de violencia en la sociedad para lucrar. 

Además, El Paso como todas las ONGs, como se supone que no tienen fines de lucro no pagan impuestos.

Es decir que el dinero que cobran es 100% ganancia. Y las que embolsan el dinero de todos son quienes dirigen la ONG.

Durante los 5 años del gobierno de Lacalle Pou la ley 19.580 no fue modificada, y con el gobierno de Orsi seguramente tampoco lo será.

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