El presidente Javier Milei y su elenco de gobierno insisten en dejar en claro que para ellos el espionaje es prioridad: luego del golpe político recibido en el Congreso, donde el DNU que destinaba fondos reservados por 100.000 millones a la SIDE, fue rechazado – en un hecho inédito – en ambas caras, ahora el gobierno busca insistir con otorgar fondos multimillonarios al organismo de espionaje en el que pisa fuerte Santiago Caputo.
Según queda detallado en la documentación del presupuesto 2025, los fondos para la Secretaría de Inteligencia del Estado pasarían de $136.741,77 millones de presupuesto vigente hasta la cifra de $197.238, un aumento del 44%. Mientras el Presidente celebra en el Congreso estar ejecutando el ajuste más grande de la historia y plantea ir por el “déficit cero”, la contrapartida es un incremento de los gastos para un organismo dedicado por todos los gobiernos para perseguir a dirigentes populares, opositores de distinto signo político o el armado de causas, siempre a favor de los dueños del país y los gobiernos de turno.
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Basta con recordar el encubrimiento a la causa AMIA bajo el gobierno de Menem, el espionaje a la familia de Santiago Maldonado luego de su desaparición durante el macrismo y bajo las órdenes de Patricia Bullrich o el Proyecto X puesto en pie por el kirchnerismo con el cual se persiguió a la izquierda y organizaciones de trabajadores. Por estos y muchos otros hechos, desde la dictadura a esta parte, es necesario investigar a la SIDE más que otorgarle nuevos fondos millonarios, como planteó Myriam Bregman en una entrevista.
El intento de reforzar el espionaje en momentos en que crece la pobreza y la desocupación no es casualidad: busca reforzar el control social ante la posibilidad de que el descontento de un salto y se haga sentir con fuerza en las calles, siguiendo el camino que hoy marcan los jubilados, pero que también prometen plantear estudiantes y docentes universitarios de concretarse el veto a la ley de financiamiento universitario.
A estos fondos hay que sumarle el incremento en las partidas de Defensa (su partida crecerá un 39,9%) y Seguridad Interior (38,7%), es decir más y más fondos que vienen siendo utilizados para los despliegues represivos orquestados por Patricia Bullrich ante cada protesta social, intentando poner en cuestión el legítimo derecho a la protesta.
Sin importar el rechazo obtenido en el Congreso, el gobierno deja en claro que avanzar en reforzar a las fuerzas represivas es parte de sus objetivos centrales. Para esto parece que si hay plata.