La Cámara Baja dio el visto bueno al arancelamiento hospitalario, garantizando la gratuidad para los no asegurados y promoviendo la reinversión en infraestructura sanitaria.
La iniciativa que busca establecer el arancelamiento hospitalario, conocida oficialmente como la “Ley de Recupero de Gastos del Servicio de Salud”, ha retornado a la Cámara de Senadores tras recibir la aprobación con modificaciones en la Cámara de Diputados. El proyecto, impulsado por varios senadores, busca optimizar la eficiencia del servicio de salud pública mediante un mecanismo de financiamiento complementario.
La sesión 11 de la Cámara de Diputados, presidida por Walter Andrés Chavez, finalizó con el aval del cuerpo legislativo a una herramienta que, según sus fundamentos, permitirá recuperar fondos de aquellos pacientes que ya cuentan con obras sociales o seguros privados. Este recupero económico tiene un objetivo claro y explícito: la reinversión directa en el sistema.
La ley establece el arancelamiento hospitalario, pero resalta que la recuperación de gastos se efectuará exclusivamente sobre los servicios brindados a personas con cobertura médica privada o de obras sociales.
Según indicaron, los recursos obtenidos serán vitales para mejorar infraestructuras, adquirir insumos médicos esenciales y financiar la capacitación del personal de salud, asegurando así un sistema más robusto frente a la creciente demanda de atención.
La diputada Albana Rotela, titular de la comisión de Salud, detalló el trabajo de enriquecimiento del proyecto, garantizando que los ciudadanos que no poseen obra social tienen su servicio garantizado de manera gratuita, tal como opera el sistema actualmente. Rotela destacó la necesidad de dejar atrás normativas obsoletas y citó el potencial de la ley para incentivar y reinvertir el dinero en mayor equipamiento y mejor calidad en la salud pública provincial.
EL DEBATE PARLAMENTARIO
Si bien la Ley de Recupero de Gastos logró una aprobación general por unanimidad en el recinto, la discusión detallada de su articulado generó divergencias en las bancadas de la oposición.
El debate contó con la participación de varios legisladores, incluyendo a Rotela, la vicepresidente de la comisión Ana Améndola, Adriana Vidal Dominguez, Marlen Gauna, Lucía Centurión, Egui Benitez, Andrea María Giotta y Noberto Ast, quienes debatieron la eficacia de esta herramienta para el Poder Ejecutivo y la actualización de las normativas vigentes.
A pesar del consenso general, se registraron abstenciones en artículos específicos (9, 11 y 18). Los bloques Unión por la Patria y Eli manifestaron su reserva: Unión por la Patria se abstuvo en los artículos 9 y 11, mientras que ELi hizo lo propio en los artículos 9 y 18.
El proyecto regresa ahora a la Cámara de origen para el análisis final de las correcciones introducidas por los diputados.