En medio de restricciones presupuestarias, el Ministerio de Hacienda propuso postergar un mes el incremento del 6%. La mayoría de los jueces consideró válida la propuesta, aunque luego hubo desacuerdos internos en el tribunal.
El Ministro de Hacienda de Corrientes se reunió con los jueces del Superior Tribunal de Justicia para analizar el pedido de un aumento salarial del 6% para el sector. El funcionario expuso la imposibilidad de concederlo de inmediato, argumentando una caída sistemática en la recaudación y para evitar un “efecto espejo” en el resto de los empleados públicos provinciales.
Ante esta situación, el Gobierno dejó sobre la mesa una propuesta: diferir el aumento por un mes, considerando que a partir de mayo el incremento podría ser mayor y extensivo a los otros poderes del Estado. Tres de los cinco ministros del Tribunal –Panseri, Niz y Rey Vázquez– consideraron inicialmente que esta propuesta era válida y superadora.
Sin embargo, días después, el Gobierno observó que la nota oficial del presidente del Superior, Guillermo Semhan, logró sumar la firma del juez Rey Vázquez para insistir con la carga inmediata del aumento en el sistema de liquidación de haberes (Sisper). El Ejecutivo, que tiene la última palabra en la carga del sistema, mantuvo su posición de no autorizarlo en este momento, aunque evitó una confrontación pública.
En paralelo a este debate, trascendió una polémica por una refacción en el despacho de Semhan, por un valor de 47 millones de pesos, realizada sin la previa conformidad de sus pares. Si bien el titular del Tribunal argumentó que existía disponibilidad presupuestaria, el Gobernador Juan Pablo señaló que, según las proyecciones, habrá limitaciones financieras a futuro y que el Estado no está en condiciones de auxiliar al Poder Judicial.
Desde el Gobierno también se recordó que el Superior Tribunal debe prever los mayores gastos que supondrán cubrir numerosos cargos creados y aún no habilitados, así como la infraestructura y personal necesario para la implementación del nuevo código procesal, lo que incrementaría significativamente su presupuesto actual.
La discusión se enmarca en un contexto de severas limitaciones presupuestarias que afectan a todas las jurisdicciones. La opinión pública y el resto de los 92.000 empleados públicos provinciales observan de cerca estas tratativas, considerando que los magistrados ya cuentan con remuneraciones que triplican la del Gobernador y beneficios exclusivos, como 55 días de vacaciones anuales.
El Gobierno tiene presente que autorizar este aumento para un sector de la Justicia lo pondría en una situación compleja frente a otros gremios estatales, como docentes, policías y agentes de salud. En sus últimas declaraciones, el Gobernador instruyó a su ministro para mantener la posición oficial, marcando los lineamientos sin entrar en polémica abierta.