El Gobierno oficializó este jueves la aprobación de una reestructuración en la Procuración del Tesoro de la Nación que no solo establece cambios en el organigrama sino también la eliminación de organismos que hasta ahora la componían, por ejemplo, la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.
Lo hizo a través del Decreto 475/2025, publicado en el Boletín Oficial con las firmas de Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
La reestructuración, así como el despido de 60 funcionarios, había sido adelantada por el gobierno este miércoles. “Responde a una mayor eficiencia del organismo”, habían advertido en la Procuración del Tesoro para justificar el achicamiento en la planta que decidió el Ejecutivo, disconforme por una supuesta filtración de información en el marco del juicio por la estatización de YPF en el que los abogados del Estado intentan frenar la resolución de la jueza neoyorquina Loretta Preska de entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal a los demandantes.
En ese sentido, una calificada fuente gubernamental consultada por Clarín deslizó que “claramente hubo filtraciones de información perjudicando la estrategia judicial del Gobierno”.
En un sector del oficialismo sospechaban que la fuga de información pudo haber intentado beneficiar al fondo Burford, que encabeza la demanda contra la Argentina por la polémica estatización de YPF, en 2013.
Qué dice el decreto publicado en el Boletín Oficial
Según se argumentó en el Decreto 475/2025, la nueva estructura organizativa del organismo desconcentrado del Ministerio de Justicia “resulta indispensable por razones de gestión”.
A través de este cambio, expresó el texto, se busca “fortalecer la capacidad operativa” de la Procuración del Tesoro, así como también “dotarla de mayor agilidad y dinamismo en el cumplimiento de sus funciones y, en consecuencia, derogar, incorporar, homologar y reasignar diversos cargos”
La decisión, en específico, “tiene por objeto optimizar recursos, evitando el sostenimiento de una estructura burocrática innecesaria, lo que permitirá reducir costos y mejorar la calidad de la formación y actualización profesional de los Abogados del Estado”, agregó el documento.
A través del mismo decreto, tal como también se había adelantado, se eliminó la Escuela de Abogados del Estado, una dependencia de la Procuración del Tesoro creada “con el objetivo primordial de ser el organismo de capacitación y perfeccionamiento técnico específico de los profesionales que desarrollen su carrera administrativa en el Cuerpo de Abogados del Estado”.
“A pesar de haber cumplido con los objetivos propuestos en su norma de creación, la citada Escuela enfrenta desafíos estructurales que obstaculizan el pleno cumplimiento de sus objetivos, por lo que resulta aconsejable su disolución”, argumentó el Gobierno.
Las funciones referidas a la capacitación y perfeccionamiento de los abogados del Estado serán ejecutadas ahora por el Centro para el Fortalecimiento de la Abogacía Pública (CEFAP).
ES