El gendarme que casi mata a Pablo Grillo será indagado seis meses después de haber gatillado

El martes 2 de septiembre a las 10 de la mañana el cabo primero de Gendarmería Héctor Jesús Guerrero deberá explicar en los Tribunales Federales de Comodoro Py 2002 de la Ciudad de Buenos Aires por qué disparó de forma ilegal (por fuera de todo protocolo de uso de armas de disuasión) el cartucho de gas lacrimógeno que le partió la cabeza al fotógrafo Pablo Grillo y casi lo mata. Debería explicar, también, si lo hizo de motus propio o cumpliendo órdenes explícitas o implícitas de sus superiores. Mientras tanto, tiene prohibido salir del país.

Guerrero fue citado por la jueza María Servini, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1, en el marco de la causa penal en la que se investigan los hechos del miércoles 12 de marzo frente al Congreso. Allí, en medio de una brutal represión comandada por la ministra de “Seguridad Nacional” Patricia Bullrich, las fuerzas federales dispararon gases y balas de goma contra personas que manifestaban junto a jubiladas y jubilados. Entre otros, cayeron heridos Grillo (mientras registraba la represión con su cámara) y el trabajador municipal de San Martín Jonathan Navarro, quien perdió la visión de su ojo izquierdo por un balazo de Prefectura.

A lo largo de estos meses la querella que representa a Pablo y su familia pidió tres veces a Servini que citara a indagatoria a Guerrero. Ella se tomó su tiempo, pese a que el nombre del gendarme se hizo público a los pocos días de los hechos, tras una investigación colaborativa difundida por el sitio Mapa de la Policía (de la que colaboró La Izquierda Diario). Allí se logró determinar que la granada que impactó en la cabeza del fotorreportero salió de la escopeta lanzagases del cabo primero, miembro de la Unidad Móvil 6 de Gendarmería Nacional. Y que pese a los intentos de justificación de la ministra, ese disparo se realizó violando el protocolo de uso de armas disuasivas, con claras intenciones criminales.

La dilación en decidirse a citar a Guerrero habla del interés real de la jueza federal de llegar a la verdad. También del fiscal de la causa, Eduardo Taiano, titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3. Si el gendarme finalmente declara en sede judicial y, eventualmente, queda procesado por tentativa de homicidio agravado, habrá sido gracias a la persistencia del reclamo de justicia encabezado por la familia Grillo y un amplio arco de organizaciones de derechos humanos, sindicatos de prensa, colectivos militantes y la izquierda.

“Tal como se desprende de nuestras dos presentaciones anteriores en las que solicitamos esto mismo, los hechos que se le imputan (a Guerrero) encuadran jurídicamente en las figuras de homicidio agravado por abuso funcional y uso de arma de fuego, en grado de tentativa, abuso de autoridad e incumplimiento a los deberes de funcionario público”, dice la presentación del 15 de julio que la querella envió a la jueza Servini y a la que accedió La Izquierda Diario. El primero de esos pedidos lo hicieron el 21 de marzo y el segundo el 6 de junio. Pese a la insistencia, Guerrero comparecerá en calidad de imputado recién 174 días después (casi seis meses) de haber apretado el gatillo.

La intencional extensión de los tiempos del Poder Judicial en el caso se complementa con el encubrimiento deliberado de la responsabilidad de Gendarmería por parte del gobierno de Javier Milei y su ministra represora (probable candidata a senadora del oficialismo en octubre). Vale recordar las iniciales declaraciones de Bullrich, acusando a Grillo de ser un “militante kirchnerista” y bancando a sus gendarmes a cualquier costo, y el reciente “informe interno” de la propia fuerza represiva que exculpa a Guerrero y sus secuaces al tiempo que acusó a la propia víctima de “ubicarse en la línea de tiro”.

Como ya se dijo en este sitio, si algo queda claro es que el cabo primero Guerrero no tuvo un “rapto de locura” esa tarde de marzo. Su accionar fue parte de una planificación más amplia surgida de la cúspide del Poder Ejecutivo. Por eso la familia Grillo y sus abogadas de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Centro de Estudios Legales y Sociales reclaman que en la causa también se investigue a Bullrich, al director nacional de Gendarmería Claudio Brilloni, al jefe de la Unidad 6 Héctor Ferreira y al jefe del Comando Región I Marcelo Porra Melconian, entre otros. La cadena de mandos no puede quedar impune.

Mientras la causa avanza a paso lento, con la querella pisándoles los talones a jueces y fiscales, Pablo Grillo continúa con su rehabilitación de las gravísimas heridas que le dejó el disparo criminal del cabo primero Guerrero. Hasta el 3 de junio el fotógrafo de 35 años estuvo internado en el Hospital Ramos Mejía, cuyo equipo médico, de enfermería y demás profesionales le salvó la vida mediante varias operaciones. Hoy continúa su recuperación en el Hospital De Rehabilitación Manuel Roca. Ambas instituciones estatales.

A Pablo casi lo matan las fuerzas represivas del Estado. Y, además de su propio tesón y el amor de su familia, lo salvó la salud pública. Ésa que Milei, Bullrich y compañía vacían cada vez más con la excusa del “déficit fiscal cero”, mientras aumentan el presupuesto para Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, PSA y Servicio Penitenciario. Prioridades “libertarias”.

En la cuenta de Instagram @justiciaporpablogrillo se puede leer, junto a su foto al cumplir un mes de comenzar la rehabilitación: “La fase de adaptación fue positiva y Pablo está entusiasmado, de buen humor y con mucha energía. ‘Un guerrero toma todo como un desafío’. Les dejamos a todos saludos armónicos de Pablo, desafinados pero que nos llenan de alegría. Gracias eternas”. ¡Fuerza Pablo! ¡Juicio y castigo a todos los culpables!