Este jueves 26 la Legislatura de Tucumán sesionará y el tema central de la sesión es la adhesión al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). De acuerdo a lo adelantado por el oficialismo, la adhesión será “lisa y llana”, ya que también hay acuerdo generalizado en la oposición. El RIGI fue parte de lo aprobado con la Ley Bases, donde el peronismo tucumano aportó votos claves, y establece beneficios impositivos, aduaneros, cambiarios y de jurisdicción legal, en un plazo de 30 años, para grandes empresas que inviertan más de 200 millones de dólares.
El RIGI es una punta de lanza para nuevos proyectos extractivistas, ya sea la explotación hidrocarburífera offshore, la megaminería, el agronegocio, la explotación forestal o el fracking. La depredación de los bienes comunes naturales es justificada por los gobiernos provinciales con los argumentos de la necesidad de atraer inversiones y generar empleos, un argumento harto desmentido por la experiencia de otras provincias donde después de décadas solo quedaron consecuencias irreversibles y la pobreza continúa. Los diferentes gobiernos nacionales ven en el extractivismo una fuente para juntar dólares para pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional.
Vía libre para la megaminería a cielo abierto
Como ha sostenido el gobernador Osvaldo Jaldo, el gobierno tucumano fue preparando la adhesión al RIGI a la espera de la reglamentación oficial. Una vez confirmada esto, el ministro de Economía Daniel Abad cursó una nota, ingresada el 27 de agosto, a la Legislatura solicitando la derogación de la Ley N° 7879. Esta ley, promulgada en abril de 2007, establece en su único artículo la prohibición de “la actividad minera metalífera en el ámbito de la Provincia de Tucumán, a partir de la sanción de la presente Iey, en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro y mercurio en los procesos de producción minera”.
En la fundamentación el ministro señala que “en cuanto a la actividad minera en la provincia de Tucumán, existen pedidos de exploración en diferentes zonas que se encuentran sin avances debido a la sanción de la Ley Provincial N° 7879”. Hipócritamente el ministro jaldista aclara que “el uso de cianuro, que motivó el dictado de la Ley N° 7879, es importante destacar que esta sustancia no se utiliza en la etapa de exploración minera, sino solo durante el proceso de explotación para la separación del mineral”.
Aunque la megaminería no se desarrolla en Tucumán, ya hubo antecedentes de contaminación al usarse infraestructura en la provincia. Tal es el caso de la explotación de Minera Alumbrera YMAD que contaminó la cuenca Salí Dulce. Ahora, la continuidad con el proyecto MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera), avalado escandalosamente por la Universidad Nacional de Tucumán, la empresa Glencore volverá a utilizar esta infraestructura en la provincia.
Con estos primeros nombres y proyectos, puede inferirse quienes son los que están interesados en que la megaminería contaminante tenga vía libre en Tucumán.
Convocan a movilizarse contra el RIGI y por sostener la ley 7879
Cómo se reflejó en este diario, las comunidades indígenas diaguitas de Potrero Rodeo Grande, El Mollar, del Valle de Tafí, La Angostura, Casas Viejas, Amaicha del Valle, Comunidad India Quilmes, Comunidad India Colalao y Comunidad Indigena Diaguita Los Chuschagasta han expresado su rechazo al RIGI y a la derogación de la ley 7879, planteando que avasalla sus derechos y los territorios.
La Unión de Pueblo de la Nación Diaguita de Tucumán y organizaciones ambientalistas, como la Red de Acción por el Buen Vivir y PRO ECO grupo ecologista, enviaron una nota a la Legislatura reclamando que no se derogue la ley 7879 y no se adhiera al RIGI. “Nuestros legisladores quieren vetar leyes que protegen el agua para la vida en nuestros territorios”, señalan y convocan a movilizarse a la Legislatura este jueves 26 desde las 9.