A poco de finalizar el año, la oposición insiste en saber qué pasó con proyectos barriales y los estados contables.
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La oposición en el Concejo Deliberante capitalino ha elevado un firme reclamo «ante el incumplimiento reiterado de los plazos de contestación» por parte del Ejecutivo municipal respecto a los pedidos de informe y los proyectos de comunicación. La situación, que ha sido calificada como una «falta de transparencia», pone en evidencia una ruptura en el flujo de información entre ambos poderes, paralizando la capacidad de control del parlamento ciudadano.
Según comentó la edil, Mercedes Franco Laprovitta, la responsabilidad del retraso recae directamente sobre la Secretaría de Coordinación que opera dentro del Ejecutivo. Si bien la normativa establece un plazo de 30 días para contestar, prorrogable por otros 30 días (totalizando 60 días), la fuente asegura que estos plazos se encuentran «más que vencidos».
«El problema se agravó sustancialmente a partir de octubre del año pasado. Desde el 24 de octubre de 2024, el Concejo Deliberante dejó de recibir el seguimiento semanal que habitualmente le proporcionaba la Dirección de Gestión Parlamentaria, a través de un Excel que detallaba el tránsito de sus proyectos legislativos», expresó Laprovitta.
La consecuencia directa de esta inacción es que el trabajo generado en el Concejo Deliberante está siendo «totalmente ninguneado» por parte del área responsable del Ejecutivo municipal.
«Nosotros no podemos hacer un seguimiento de si realmente el Ejecutivo realizó o no las obras en los barrios», explicó Laprovitta, enfatizando en que esta demora no es responsabilidad del Concejo, sino exclusivamente del Poder Ejecutivo.
La requisitoria se extendió además a las finanzas comunales: no se conoce la ejecución presupuestaria de todo el año 2024, ni tampoco la del presente año, 2025.
«Este vacío informativo contrasta fuertemente con la política impositiva del Municipio. Se observa un incremento constante de los impuestos municipales, incluyendo tasas por servicio, impuesto inmobiliario, impuesto automotor y tasas comerciales, además del estacionamiento medido. Incluso, el proyecto de nueva tarifaria que ha ingresado contempla un incremento del 48 por ciento», puntualizó Laprovitta.