El Municipio no renovó la concesión a las empresas actuales y trabaja en un nuevo esquema de movilidad que entraría en vigencia a partir del próximo año.
La gestión del intendente de la ciudad de Corrientes, Claudio Polich, tomó una decisión que marca un punto de inflexión para los miles de usuarios del transporte urbano. Al rechazar formalmente la prórroga de cinco años solicitada por las actuales empresas prestatarias, el Ejecutivo abrió un escenario de transición que culminará el 31 de diciembre con el diseño de un nuevo sistema de movilidad.
La secretaria general, Florencia Ojeda, es la voz principal del Municipio en este proceso. Según explicó en diálogo con medios radiales, la normativa vigente tiene una década de antigüedad y ya no refleja la realidad de una ciudad que ha crecido y cuyas necesidades de transporte han cambiado drásticamente. «Es una gran oportunidad para tomar una decisión responsable de analizar la movilidad en la ciudad de manera integral», afirmó la funcionaria, justificando la negativa a extender los contratos actuales.
Uno de los mayores desafíos para el nuevo esquema es la sostenibilidad financiera ante el retiro del apoyo del Gobierno nacional. Ojeda identificó este punto como determinante: «La ausencia de los aportes a nivel nacional de los subsidios impacta directamente en la prestación del servicio». La meta es lograr un servicio «óptimo y acorde a la actualidad y sobre todo a la necesidad que tienen los vecinos» a pesar de este contexto adverso.
Ante la preocupación por posibles interrupciones, la funcionaria llevó calma a los usuarios: «Quiero que los vecinos tengan la tranquilidad de que continúa la prestación de los servicios así como la conocemos». Sin embargo, fue tajante respecto a los recientes incumplimientos en las frecuencias, especialmente durante la noche. «Se están estableciendo las sanciones correspondientes porque el servicio tiene que prestarse en su totalidad… las sanciones se van llevando adelante», advirtió, asegurando que el equipo municipal supervisa de cerca que las empresas cumplan con la norma vigente mientras dure el proceso de cambio.
A esta postura se sumó la mirada de Agustín Payes, defensor de los Vecinos, quien aportó precisiones sobre el camino administrativo que se inicia tras el rechazo de la concesión el pasado viernes 17. Payes subrayó que la prórroga no era automática y que el intendente Claudio Polich optó por no avanzar con la herramienta que permitía el pliego actual.
Respecto a los pasos a seguir, Payes fue contundente sobre los tiempos legales: «Ahora el Intendente tiene 60 días para hacer el llamado a la licitación». Además, recordó que el fin de la concesión no implica que las empresas puedan retirarse de inmediato: «Mientras tanto y hasta que la concesión sea otorgada a las nuevas empresas, las actuales deben seguir funcionando de manera obligatoria… eso se mantiene».