Como lo relató en detalle La Izquierda Diario en abril, cuando Patricia Bullrich presentó una serie de proyectos en la Cámara de Diputados, el gobierno de Javier Milei busca legalizar una serie de políticas para reforzar el control policial sobre los sectores más empobrecidos de la sociedad y la represión a la protesta en medio de la crisis económica y social que atraviesa el país (profundizada por el propio programa que aplica la gestión de La Libertad Avanza).
A través de cuatro textos con pretensiones de convertirse en leyes, el Ejecutivo enfocó su propuesta en ampliar categorías penales y años de cárcel en el marco de lo que la gestión libertariana llama “lucha contra la criminalidad organizada”. Un punitivismo recargado que, sobre todo en América Latina, ya fracasó muchas veces y no hizo más que profundizar la criminalización de la clase trabajadora y los sectores populares con altas dosis de violencia, muertes y hasta desapariciones ejecutadas desde el propio Estado.
Reprimir y fracasar, dos verbos que Bullrich practica más que comer y dormir. Con esa mirada político-ideológica, el Gobierno espera que este martes Diputados dé media sanción a uno de esos proyectos, presentado con el peculiar título de “antimafias”, que a principios de agosto obtuvo dictamen favorable de las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior tras ser analizado en tres reuniones. El texto original lleva las firmas de Milei, Bullrich, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y el exjefe de Gabinete Nicolás Posee.
Sintéticamente, según el proyecto tendrían la misma responsabilidad dentro de una “organización criminal” el empresario que vive en un country y lava los millones de dólares recaudados y un pibe que hace de “campana” en la esquina de un bunker a cambio de un “salario”. A su vez se empodera aún más para “investigar” a fuerzas como Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal, íntimamente asociadas al gran delito.
Es tan represivo que, en una misma “asociación ilícita”, podría estar el empresario del country, el “soldadito”, un cultivador de cannabis medicinal y una jubilada que use el aceite producido por ese cultivador. Todo con la excusa de “combatir a narcos y mafiosos”, quienes irónicamente siempre están amparados desde el propio Estado.
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Junto a otros proyectos referidos a “reiterancia y reincidencia” -que ya tiene dictamen de comisiones-, “legítima defensa” para civiles y uniformados, ampliación de impunidad para policías que ejecuten el gatillo fácil y otras cuestiones; el de ley “antimafia” fue duramente cuestionado en las reuniones de comisiones tanto por académicos especializados como por fiscales, defensores oficiales, organismos de derechos humanos y familiares de víctimas del gatillo fácil y represión estatal. Sólo lo defendieron unos pocos expositores, vinculados a los libertarianos o a gobernadores cultores de la mano dura.
El Frente de Izquierda Unidad y Unión por la Patria se opusieron a que ese proyecto avanzara. Sin embargo, el minoritario bloque de La Libertad Avanza consiguió la adhesión del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y del pichettismo que integra Hacemos Coalición Federal (algunos de ese bloque firmaron en parcial disidencia). Así lograron una circunstancial mayoría para emitir dictamen favorable y elevar el proyecto para su tratamiento en el recinto.
Este martes, en una sesión especial, si el oficialismo y la oposición colaboracionista logran juntar los votos necesarios, el proyecto puede recibir media sanción.
En las últimas horas el sociólogo, docente universitario y diputado del PTS-Frente de Izquierda Christian Castillo volvió a alertar sobre el peligro que significa para el pueblo trabajador la posibilidad de que estos proyectos se conviertan en ley. Así lo sintetizó a través de un “hilo” de posteos en la red X.
ABRO HILO – Es muy grave lo que Bullrich quiere hacer votar este martes en @DiputadosAr. El mismo gobierno que con el blanqueo está favoreciendo el lavado de dinero en parte proveniente de actividades ilegales, impulsa un proyecto que, con la excusa de combatir al “crimen…
— Christian Castillo (@chipicastillo) September 30, 2024
Para Castillo “es muy grave lo que Bullrich quiere hacer votar este martes en Diputados. El mismo gobierno que con el blanqueo está favoreciendo el lavado de dinero en parte proveniente de actividades ilegales, impulsa un proyecto que, con la excusa de combatir al ‘crimen organizado’, crea un andamiaje jurídico que permitiría perseguir como ‘organización criminal’ a quien al gobierno se le antoje definir de esa forma, incluyendo un salto en la persecución de la protesta social”.
“Es una rara ley que no define nunca a qué se refiere con ‘organización criminal’, dejándolo abierto para perseguir a quienes quiera: un sindicato, un partido político, los jubilados que protestan y quienes se le ocurran”, siguió Castillo. Y ejemplificó: “Con esta ley los 33 manifestantes detenidos el 12 de junio y luego liberados por la jueza Servini y la Cámara podrían haber sido acusados por Bullrich y Stornelli de formar parte de una ‘organización criminal’, y así tener las manos libres para cometer todo tipo de arbitrariedades y abusos armando causas contra los detenidos por el solo hecho de protestar o de haber pasado por el lugar”.
El diputado del PTS-FITU detalla que “la ley estipula penas de 8 a 20 años, incluso para quien no cometiera delito alguno pero perteneciera a la organización sindicada como criminal. Establece también la facultad del fiscal federal a cargo de la investigación y el Ministerio de Seguridad para establecer zonas especiales donde se impondría una suerte de estado de sitio con detenciones de hasta 15 días prorrogables otros 15, que además implicaría una intervención federal de hecho al territorio implicado y la posibilidad de allanamientos en cadena e intervención de teléfonos y otros dispositivos sin orden judicial”.
“En suma, esta ley es una barbaridad inconstitucional que van a aplicar sin ninguna duda para criminalizar la protesta social, porque, como lo han dejado claro, el ajuste no pasa sin represión”, finalizó Castillo.
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En mayo, antes de rotar en su banca (como parte de los acuerdos establecidos por los partidos que integran el Frente de Izquierda), Myriam Bregman ya había alertado sobre esos proyectos que se discutían en las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior. Su denuncia repercutió con fuerza y fue “levantada” por diversos medios y por personalidades de la política, la cultura y los derechos humanos.
“Decir que con esto combaten el crimen organizado es demagogia total”, afirmaba Bregman, para quien los proyectos “crean un Gran Hermano bajo control de Bullrich, prácticamente un estado de sitio”.
Incluso en una de las reuniones de las comisiones, la diputada interpeló al gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro, quien viene haciendo frente común con el gobierno nacional en la supuesta lucha contra el narcotráfico en su provincia, especialmente en la región de Rosario.
Bregman le preguntó a Pullaro “¿por qué no se habla de los puertos de donde salen esos cargamentos de droga? Porque es evidente que hay un aumento del tráfico de drogas desde esos puertos desde que los mismos están bajo control privado”. En lo que podría ser una confesión inesperada, el gobernador le dio la razón a la diputada trotskista: “Yo tengo muchas coincidencias con lo que usted dice”. Pero a la vez esquivó responsabilidades excusándose con que es un problema que también pasa “en otras provincias y en otros puertos”.
Como se viene insistiendo desde La Izquierda Diario, Milei y sus secuaces quieren legalizar la represión indiscriminada. El camuflaje del combate a la “criminalidad organizada” no puede ocultar el deseo de controlar y reprimir a una población que crece en frustraciones y decadencia de sus condiciones de vida. Criminalizar al extremo a los sectores más movilizados es una condición sine qua non para la aplicación del “plan” de ajuste de La Libertad Avanza.
Pero las mafias están del lado de quienes gobiernan. La droga que sale desde Rosario a Europa y otros destinos lo hace con el aval de las corporaciones agroexportadoras que controlan todo lo legal y lo ilegal que pasa por sus puertos privados.
Al igual que la trata de personas, el contrabando de todo tipo de productos, el narcomenudeo o los desarmaderos de autos, ningún negocio ilegal podría funcionar sin participación directa de policías, políticos patronales, jueces, fiscales y penitenciarios. Nada de eso puede terminar si se les da más poder e impunidad a las fuerzas estatales y se refuerza el articulado punitivo del Código Penal. Por eso el proyecto “antimafia” de Milei y Bullrich no debe ser aprobado.