28, agosto, 2025
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Revés para la Argentina en causa YPF: jueza Preska mantiene el pedido de chats de Luis Caputo y Sergio Massa

La jueza de Nueva York, Loretta Preska

La jueza estadounidense Loretta Preska dio un nuevo revés a la Argentina en la causa por YPF, ya que rechazó el pedido del Gobierno de reconsiderar el fallo que ordena la entrega de dispositivos electrónicos y mensajes de WhatsApp de altos funcionarios, tanto de la actual administración como de la anterior.

El pedido original de Preska incluía el acceso a los WhatsApps del actual ministro de Economía, Luis Caputo, y de su antecesor, Sergio Massa, así como de otros funcionarios de gestiones anteriores.

La medida se enmarca en el proceso de “discovery”, un mecanismo del derecho norteamericano que permite a los demandantes solicitar información para localizar activos ejecutables. En este caso, el objetivo es demostrar el “uso político” de la petrolera, argumentando que YPF y el Estado argentino son la misma entidad.

Según el especialista en litigios Sebastián Maril, la jueza Preska argumentó que, aunque el Gobierno puede no tener “posesión” o “custodia” de los chats, sí tiene el “control” sobre estas comunicaciones. El fallo señala que las mociones de reconsideración en esta jurisdicción “generalmente se deniegan” a menos que la parte solicitante presente decisiones determinantes.

El Gobierno, a través de la Procuración del Tesoro, había solicitado la reconsideración alegando que los requerimientos “resultan contrarios a la jurisprudencia de los Estados Unidos y a la legislación argentina, que protege los datos personales y las comunicaciones privadas”.

Ante la decisión de la jueza, la Procuración consideró que el fallo es “incorrecto” y está “analizando las vías procesales para su impugnación”. También está pendiente de resolución una segunda moción que busca limitar el “discovery” a solo activos potencialmente ejecutables.

“Por el contrario, la legislación argentina deja claro que ‘son propiedad exclusiva de sus propietarios’, es decir, de los funcionarios individuales del Gobierno, y no del Gobierno como empleador“, explica la notificación de la Procuración del Tesoro.

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