A través de un decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno habilitó realizar canjes de deuda encubiertos que esquivan tanto al Congreso como a la ley de administración financiera, que los regulan. El exministro de Economía, Martín Guzmán, alertó que esto les permite a los bonistas cambiar sus tenencias en pesos por títulos en dólares y compromete al Estado a tasas cinco veces más altas que las actuales.
En sus discursos, Javier Milei dejó claro que su prioridad consiste en conseguir superávit fiscal para el pago de la deuda. Si los pasivos se incrementan exponencialmente, se achica el espacio para cualquier otro gasto o inversión.
El DNU 846/2024 publicado el lunes en el Boletín Oficial establece que “las futuras suscripciones de instrumentos de deuda pública, independientemente de su moneda de pago, se puedan realizar con instrumentos de deuda pública cualquiera sea su moneda de pago. Los precios de los instrumentos serán fijados teniendo en cuenta los valores existentes en los mercados”. Además, exceptúa a estas operaciones de estar alcanzadas por “las disposiciones del artículo 65 de la ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias”.
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“Esto abre la puerta para operaciones profundamente lesivas para el Estado nacional”, evaluó Guzmán. En diálogo con un pequeño grupo de periodistas que incluyó a PERFIL, el ex mandamás del Palacio de Hacienda adelantó que si el Presidente “quisiera avanzar en la dolarización, esto sería un paso”, ya que “permite suscribir deuda en dólares con deuda en pesos”.
“En este momento, Argentina no cuenta con acceso a los mercados de crédito internacional a tasas de interés que reflejen condiciones financieras sostenibles. Está claro que hay un problema entre el Gobierno y el mercado internacional. Por eso están estos precios para los bonos”, resaltó, dado que el riesgo país ronda los 1.500 puntos básicos.
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“Este es un canje implícito si utilizan este artículo, pese a que no lo llamen así. Estás escondiendo que de esta forma podés hacer operaciones de canje de deuda a un costo mucho mayor que el que hoy tiene el Estado”, precisó Guzmán.
Hoy el rendimiento en el mercado para los bonos se sitúa entre el 15% y 20%, pero ese no consiste en el costo para el Estado, dado que paga cupones del 3% en promedio. “Lo que permite el decreto es que el Estado ahora agarre todo el riesgo que se acumuló en este tiempo y se lo paga”, advirtió el ex ministro de Economía. “Si esta fuera la única opción, yo en 2020 tendría que haberles dado 13% de interés a los bonistas, en vez del 7% que tenía. Pero no, lo bajé al 3%”, reflexionó, en base al interés con el que había emitido los títulos Luis Caputo durante el gobierno de Mauricio Macri. “Cuando se hace algo así termina mal”, advirtió.
En enero de 2025 vencen pasivos por US$ 2.900 millones y a mitad de año otro monto similar. Con reservas netas negativas en el Banco Central y a nueve meses de gestión, Milei aún no ha mostrado fondos suficientes para hacer frente a ese cuello de botella ya tradicional para Argentina.
El decreto de Milei permite que el Estado realice un canje sin llevar adelante dos de las tres mejoras a las que está obligado: plazo de vencimiento, valor del capital adeudado y tasa de interés. Puede, entonces, estirar la vida de un bono, pero sin realizar recortes al monto ni reducir el costo que implica para el país.
“Empeora profundamente el perfil de sostenibilidad. Abre la posibilidad a operaciones que son muy lesivas a las finanzas públicas”, rebatió Guzmán. “Una cosa es hacer que la dinámica de la deuda deje de ser desestabilizante y otra que se la patee para más adelante para que lo siga siendo”, esgrimió.
Respecto al instrumento, el economista reflexionó que las calificadoras de riesgo penalizan los canjes. “Por eso no lo admiten y evitan hablar de eso, pero se trata de un canje encubierto”, sinceró. “En el corto plazo al Gobierno le genera un alivio si estira los plazos, pero poco tiempo después va a tener un problema mucho más grande”, alertó. Además, por la dinámica de la actividad, explicó que “ir haciendo operaciones de este tipo hace que la carga de la deuda sea cada vez mayor. Y significa que se destinan menos recursos al resto de la economía, por lo que se achica cada vez más”.
Por otra parte, que permita incorporar un título nominado en cualquier moneda a las licitaciones fue interpretado por el exnúmero uno de Hacienda como una “dolarización de la deuda en pesos”. “Abra la posibilidad para que la deuda en pesos pueda convertirse en deuda en dólares”, planteó.
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¿Un decreto dictado por fondos buitre?
Diversos especialistas consultados por PERFIL coincidieron en que el DNU debe justificar que haya una necesidad y una urgencia, pero esto no figura dentro de la fundamentación. “Da mucho más margen discrecional para hacer canjes; es tener mucha más muñeca para hacer lo que el ministro quiera”, subrayaron en off. La especulación detrás se alinea a que este primer paso del Gobierno responde a una demanda dictada por grupos de inversión especulativos que pretenden volver a hacerse de altos rendimientos en la plaza argentina.
En tanto, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez también fue crítico con el decreto. “Sigue el festival de DNU mediante los cuales se sustituye inconstitucionalmente al Congreso y se gobierna de manera autocrática”, planteó por Twitter (“X”). “El DNU 846/2024 habilita al PEN a canjear títulos en cualquier moneda soslayando las potestades constitucionales del Congreso en la materia, cambiando definitivamente la ley de administración financiera y permitiendo que el canje no mejore el monto, la tasa o el plazo del bono. La única condición es que los títulos sean tomados a ‘precio de mercado’. Otro DNU nulo de nulidad absoluta e insanable que gracias a la restrictiva y conservadora doctrina de la CSJN nadie puede cuestionar sino afecta un derecho subjetivo, alertó.
La propia expresidenta Cristina Kirchner tomó el guante y en redes sociales señaló a Caputo al alertar que “esta modificación de la Ley de Administración Financiera ya figuraba en el primer proyecto de Ley de Bases y lo señalamos en nuestro documento ‘Argentina en su tercera crisis de deuda -cuadro de situación-’ publicado en febrero de este año. Finalmente, la Ley de Bases sancionada no incluyó esa patente de corso que ahora sí figura en el proyecto de Ley de Presupuesto”. Y se pregunta: “¿Qué quiere hacer Caputo con los próximos vencimientos de deuda? ¿Volver a incendiar el país en la hoguera de la deuda como hizo con Macri y el FMI? ¿Ni siquiera con un ajuste desalmado e inhumano el ministro Caputo de Milei puede pagar la deuda que el ministro Caputo de Macri generó?”. Esto generó un ida y vuelta con el actual ministro de Economía, pero donde no respondió las consultas técnicas sobre el potencial canje que le habilitó el Ejecutivo por decreto.
Gi