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El Gobierno y empresarios analizan el nuevo precio de las tarifas para la Hidrovía

El Gobierno llama a empresarios y agroexportadores para debatir sobre el futuro de la Hidrovía

El Gobierno continúa con consultas al sector productivo, mientras avanza con el pliego para la licitación del año por el dragado de la autopista fluvial

24/07/2025 – 15:36hs

La transparencia es el mandato principal de la administración de Javier Milei para el proceso licitatorio de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

Se trata de uno de los negocios más importantes que puede ofrecer el país a las empresas del exterior, que trabajan en el dragado de los lechos de los ríos, y que constituye un verdadero desafío para mantener operativa la vía navegable troncal para que buques cargueros de importante calado puedan transportar las riquezas de cuatro países al resto del mundo.

El Gobierno llama a debatir sobre el futuro de la Hidrovía

Luego de la primera licitación fallida, con graves acusaciones de parte de funcionarios de la gestión nacional contra una de las empresas a las que acusó de vaciar la compulsa —la belga DEME—, la oficina de Puerto y Vías Navegables que conduce Iñaki Arreseygor, decidió realizar mesas de consulta y debate con los actores que pertenecen al ecosistema productivo de la Hidrovía, para tomar nota de todas las demandas y opiniones justificadas que se produzcan en torno a un proceso licitatorio que trascenderá al actual gobierno.

Ya se fijaron varios puntos. La nueva licitación será lanzada este año y se auditará por una oficina de las Naciones Unidas que oficiará como árbitro imparcial. A propósito, en el encuentro de Paraná, estuvieron presentes técnicos de UNCTAD, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, quienes fiscalizarán el proceso de consultas y la posterior confección de los pliegos licitatorios.

También se privilegiará la opinión del sector exportador, que reclama una mayor profundización del dragado de los canales a 36 pies, 10,97 metros, en el río Paraná y su adecuado mantenimiento bajo el sistema de concesión.

Y, el miércoles 23, en la ciudad de Paraná, con el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio de anfitrión, se avanzó en un punto político, el diálogo con los gobernadores ribereños interesados en influir en las decisiones de la Nación en torno a la cuestión licitatoria y, en un punto económico-financiero, la tarifa que cobrará la empresa dragadora.

En ese sentido, los participantes coincidieron en sus exposiciones en priorizar a las empresas dragadoras que garanticen la continuidad de las obras en el tiempo que se extienda la concesión.

Los pedidos y dudas de empresarios y agroexportadores

Precisamente, el plazo de esa concesión estatal fue también tema de análisis. Algunos usuarios plantearon la necesidad de acotar el contrato desde los 30 años más prórrogas, propuesta en la anterior licitación, por una reducción de una década para que la compañía ganadora opere durante 20 años. Justifican esa posición en el fomento de la competencia a mediano plazo.

Pero más allá del tiempo concesionado, se encuentra el debate por la tarifa. Los usuarios de la autopista fluvial, incluidos los agroexportadores, directivos portuarios, dirigentes de la Unión Industrial y empresarios, intentan eliminar costos que consideran innecesarios y que se vuelque el precio de la tarifa a la continuidad de las obras que incluya la profundización de los canales navegables.

Se destacó la necesidad de “lograr una tarifa que garantice la continuidad de las obras y permita un equilibrio en las distintas etapas de profundización que beneficie la competitividad del comercio exterior argentino y la producción nacional”, señalaron los organizadores en un comunicado.

Esto significa, una tarifa progresiva que irá en aumento según se avance en la profundización del canal de navegación y que está determinado en 32 pies y se pretende llegar a los 40 en diferentes etapas. Algunas voces defendieron el modelo de concesión “a riesgo empresario”, por el cual el concesionario financie las obras y recupere la inversión a través del cobro de peajes. En defensa de este modelo —expresaron— se genera una menor carga fiscal. 

Acerca de las cuestiones ambientales, tema siempre presente en estas rondas de consultas, se hizo hincapié en los temas de vigilancia y control. Una cuestión vinculada con la preocupación por los temas de seguridad. Entienden algunos representantes que con mayor inversión tecnológica y controles más estrictos se podrá preservar el ecosistema ribereño y combatir las maniobras del crimen organizado que incluyen el tráfico de estupefacientes al exterior a través de los buques cargueros que ganan la mar hacia Europa, Oriente Medio y Oceanía.

Arreseygor tomó nota de los planteos y afirmó que “la Agencia Nacional de Puertos y Navegación continuará el diálogo, con el objetivo de consolidar un proceso licitatorio transparente, participativo y que garantice los mayores estándares internacionales de prestación del servicio, en favor de la competitividad del comercio exterior argentino y la producción nacional”.

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