En unos meses Argentina cumplirá medio siglo de inestabilidad económica con la irrupción del “Rodrigazo” (junio de 1975) en alusión al exministro de Economía Celestino Rodrigo que alumbró un plan de sinceramiento brutal de tarifas precios y tipo de cambio que desató una ola inflacionaria. Aun habiendo transitado algunos períodos aislados de relativa quietud (como la década de la convertibilidad o el lustro que sobrevino a su colapso), si algo prevaleció en todo este tiempo fue el de la primacía del dólar como moneda para valuar activos grandes y como reserva de valor. Fue el inicio de un descontrol fiscal y desconfianza generalizada de ahorristas que fue generando un stock de ahorro sin declarar, mayoritariamente en moneda extranjera, tanto efectivo (para bajas tenencias) como cuentas en el extranjero y fondos de difícil detección por parte de las autoridades tributarias nacionales.
Radiografía. El “negro” generado durante tanto tiempo terminó posicionando a la economía argentina como la que mayor cantidad de dólares billete demanda, compartiendo ese sitio nada menos que con otro país dolarizado de facto, Rusia. Esta anomalía bimonetaria fue produciendo un caldo de cultivo ideal para actividades ilícitas y un gran distorsionador de balances y medidas de valor. Tanto recorrido tiene esta carrera evasiva como intentos por blanquearla. De todas, la más exitosa fue la producida en 2016 por el gobierno de Mauricio Macri, que logró la exteriorización de US$116.000 millones en activos, que dejó incluso una buena recaudación fiscal. Otras no tuvieron tanto suceso en esa misma medición, básicamente por las condiciones establecidas (penalidad, contingencia fiscal y alcance) pero sobre todo por la desconfianza que nuevamente se pueda “emboscar” tributariamente a los que decidieron ingresar en un blanqueo. En esa sintonía, muchos eventuales interesados tomaron nota de lo ocurrido en 2020 con la elevación de las alícuotas del impuesto de Bienes Personales, que llegó a ser de 2,25% para activos en el exterior, casi la misma tasa de rentabilidad de aquel momento y del que no podían escapar quienes cuatro años antes habían exteriorizado.
El INDEC calcula que los argentinos poseen US$276.800 millones son los ahorros de argentinos en moneda extranjera fuera del sistema y de ellos, casi dos terceras partes en efectivo “debajo del colchón”. El resto, diseminado en otros activos de menor o mayor liquidez y de más fácil detección por parte de las autoridades fiscales. A este núcleo apuntó el Gobierno con la última iniciativa que debía vencer, en su primera fase el 30 de septiembre y fue prorrogado un mes más habida cuenta del aluvión de demanda de apertura de cuentas especiales que exigía la normativa. No tanto por la cantidad de dinero involucrado, sino por la cantidad de interesados con bajos montos. Hay que recordar que el tope para poder blanquear si pagar penalidad es de US$100.000 e incluso puede extenderse a otro tanto si se destina a cierto tipo de inversiones. Los pronósticos iniciales del Gobierno apuntaban a US$50.000 millones, mientras que los operadores veían en US$30.000 millones una cifra más realista. Ahora, todo parece indicar que estaría más cerca de los US$40.000 millones.
¿Es ese logro eso un éxito? El tributarista César Litvin no lo duda: “creo que es promisorio el resultado hasta ahora, aunque es un blanqueo muy minorista de gente que tiene dinero en el colchón que no le rinde nada y, al contrario, se va desvalorizando. Lo ven como una oportunidad para todos aquellos que tienen dinero ocioso guardado no lo pueden justificar”.
Esta característica apunta a otro rasgo distintivo de este blanqueo comparado con el de Macri: la menor recaudación tributaria. El cálculo es simple: si la inmensa mayoría de los que exteriorizan son ahorristas “hormigas”, el impacto fiscal será muy bajo. Pero el dinero ya estará dentro del circuito, señala que si parte de esos fondos se vuelcan a inversiones directas o a aumentar la capacidad prestable de los bancos a los exportadores (sólo ellos pueden tomar créditos en dólares) habrá un aliento extra para reactivar en esas áreas. Pero también podría reglamentarse la utilización para compra de bienes locales en moneda extranjera, como autos, lo que daría un soplo necesario a un mercado que está tardando demasiado tiempo en desandar la caída de casi tres trimestres.
Finalmente, Litvin apunta que para los que son escépticos ante un eventual cambio de Gobierno y signo político “que nuevamente genere impuestos patrimoniales exorbitantes, esto se va a enlazar con el régimen de pago anticipado de los cinco años o de cuatro para los que están dentro de los bienes blanqueados, una buena opción de estabilidad fiscal y de pago tributario muy barato por ese lapso”.
Reservas en la mira. Otro aspecto que sí está considerado es el impacto en la contabilidad de las reservas internacionales del Banco Central, una asignatura pendiente de esta administración en los compromisos contraídos con el FMI. Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, explica que si bien podrían contabilizarse como un aumento de estas por la cantidad de dinero que se registrar en los depósitos privados en dólares (sólo basta mirar las estadísticas del BCRA de septiembre para ver ese salto) también van “encajados” y se reducen las reservas netas que son las que realmente importan. “Por la operatoria misma hay un retraso de conteo y registración que luego irá acomodando bien las cifras, pero también hay que considerar el otro efecto de este blanqueo: el efecto reactivador a través de cierto aumento de la capacidad prestable de los bancos”, sostiene. Además, en la medida que dichos fondos queden en el sistema también pueden ayudar a dinamizar la actividad económica y eventualmente transformarse en crédito. ¿Lo usará el Gobierno el año que viene para tratar de enfrentar los vencimientos que tiene? “No lo sabemos, pero es una posibilidad más que un rumor”, concluye Tiscornia.
Cuenta final. Así, el contexto presente y la historia reciente marcan a fuego el resultado del blanqueo. Federico Pablo Vacalebre, profesor de la Universidad del CEMA observa que, “en un marco de un fuerte reordenamiento de la macroeconomía, con características que no se veían, creo que lo vuelve más atractivo, o al menos agrega más expectativa en torno a este blanqueo”. A su juicio, a diferencia del resto, aquí el principal incentivo es el efecto que tiene se servir como “tapón fiscal”, o sea, “hacer que el contribuyente, que en su historial tenga algún tipo de regularidad impositiva, al participar del blanqueo queda totalmente exento de cualquier investigación que se haga para atrás”, subraya.
Todo esto sin dejar de considerar el posible vuelco hacia el otro fetiche del ahorro argentino de clase media: el ladrillo. Para la analista Soledad Balayan, ya en agosto la cantidad de escrituras en la Ciudad de Buenos Aires aumentaron 28,1% interanual, con un valor de escrituración promedio de US$98.300 y la cantidad de créditos hipotecarios otorgados explotó (desde una base bajísima, claro: 134% más de operaciones). Todo indica que el ahorrista que eludió o escondió su patrimonio para defenderlo de la inflación y las alícuotas abusivas, podría volver a los clásicos con este nuevo paraguas fiscal de cinco años: inmuebles, bonos y plazos fijos. Y de paso, el Banco Central obtendrá una rueda de auxilio cuando se pinchaba la principal fuerza de acumular reservas: la balanza comercial y el camuflaje del cepo, con final anunciado para diciembre.
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