La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito anuló la condena por 16.100 millones de dólares y devolvió el caso a la jueza Loretta Preska para un nuevo dictamen, generando alivio financiero y reacciones políticas en el país.
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia que obligaba al Estado argentino a pagar unos 16.100 millones de dólares en el caso por la expropiación de YPF. El tribunal ordenó que la jueza Loretta Preska dicte un nuevo fallo, bajo nuevos parámetros legales.
El eje del conflicto jurídico era si Argentina, al nacionalizar el 51% de YPF en 2012, debió lanzar una Oferta Pública de Adquisición por el resto de las acciones, según el estatuto de la empresa de 1993. La Cámara consideró que el incumplimiento de un estatuto societario no se traduce automáticamente en una responsabilidad contractual directa del Estado frente a terceros, como argumentaban los fondos demandantes Burford Capital y Eton Park.
Si bien la condena fue anulada, el caso no está cerrado. Vuelve al juzgado de primera instancia para su revisión y los demandantes podrían aún apelar ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.
La decisión tuvo un impacto inmediato en los mercados, con una fuerte suba de las acciones de YPF en Wall Street y una caída en las de Burford. Para Argentina, el fallo implica un alivio en el perfil de riesgo y aleja, al menos temporalmente, la amenaza de un embargo de gran magnitud.
Desde el ámbito político, el Gobierno nacional celebró el fallo como un logro histórico, mientras que referentes del kirchnerismo lo interpretaron como una validación de la legalidad de la expropiación de 2012.
Los próximos pasos incluyen la nueva resolución que deberá emitir la jueza Preska y la posibilidad de que los fondos acudan a la última instancia judicial estadounidense.