La normativa sancionada a fines de 2025 modifica la relación entre el fisco y los contribuyentes, con implicancias específicas para los adultos mayores. Analizamos sus principales puntos.
La denominada “Ley de Inocencia Fiscal”, sancionada y puesta en marcha a finales de 2025, introduce cambios significativos en el sistema tributario argentino. La normativa establece nuevos principios y procedimientos que afectan a diversos sectores, incluidos los jubilados.
Uno de los pilares de la ley es la consagración del principio de “Inocencia Fiscal” en el ámbito administrativo. Esto implica que el Estado no puede presumir automáticamente que fondos no declarados provienen de una evasión reciente, especialmente para montos menores y medianos. La ley eleva los umbrales de punibilidad y simplifica los requisitos para justificar el origen de fondos en estos casos.
En relación al Impuesto a las Ganancias (Cuarta Categoría), la normativa mantiene una deducción específica equivalente a ocho haberes mínimos para los jubilados. Además, introduce una “declaración jurada simplificada” con el objetivo de facilitar los trámites y reducir la necesidad de asesoramiento contable costoso. Un aspecto destacado es el establecimiento de un “tapón fiscal”, que impide revisiones retroactivas una vez aceptada una liquidación, buscando brindar mayor certeza.
Otro cambio relevante es la reducción del plazo de prescripción de cinco a tres años para los contribuyentes considerados cumplidores. Esto limita el período durante el cual la administración tributaria puede revisar las declaraciones pasadas.
La ley también se enmarca en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que considera a los jubilados como sujetos de tutela preferente. En este sentido, las simplificaciones procedimentales y la presunción de inocencia buscan reducir barreras administrativas, teniendo en cuenta la vulnerabilidad y el posible desconocimiento de herramientas digitales en algunos sectores de la población adulta mayor.
La implementación de estas disposiciones en la práctica y su impacto concreto en la economía de los jubilados de Corrientes serán aspectos a observar en el corto y mediano plazo.