El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo a más de 57 mil personas hasta junio de este año. Del total, 41 mil personas no contaban con antecedentes penales.
De acuerdo con la base de datos de la agencia, hasta el 29 de junio había 57.861 detenidos, de los cuales 14 mil contaban con “cargos penales pendientes” y otras 27 mil estaban sujetos a la aplicación de la ley de inmigración sin tener acusaciones criminales pendientes.
El mes con mayor cantidad de detenciones de este tipo fue junio, donde se arrestaron a 28.749 personas. De este grupo, 770 tenía cargos penales pendientes y más de 1160 estaba por recibir una infracción en las leyes migratorias estadounidenses.
Con estos valores se revela que la mayoría de los detenidos por el ICE no cuentan con antecedentes penales al momento de su detención.
Los valores presentados por la agencia funcionaron como punto de partida para múltiples denuncias. El pasado 11 de julio, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) denunció que los agentes del ICE arrestaban a migrantes sin órdenes judiciales, solo por su idioma o “color de piel”.
“Sin importar el color de su piel, el idioma que hablen o dónde trabajen, a todos se les garantizan derechos constitucionales para protegerlos de detenciones ilegales”, dijo el abogado de la ACLU, Mohammad Tajsar, según consignó CBS News.
Estas acusaciones dieron pie a que la jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong ordenara a los agentes federales en California que cesen la discriminación en las redadas.
“Los acusados no deben en estos factores individuales o combinados basarse en: etnia racial, que hablen español o inglés con un determinado acento, por la presencia en un lugar particular, como parada de autobús, o lugar donde trabaja”, expresó el documento firmado por la jueza.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) se mostró en contra de las críticas contra la agencia. A través de un comunicado en su sitio web, la subsecretaria Tricia McLaughlin aseveró que estas denuncias eran “calumnias repugnantes” diseñadas para “demonizar” la labor de los agentes.
“Los objetivos del DHS no tienen nada que ver con el color de piel de una persona: lo que convierte a alguien en objetivo es su situación ilegal en Estados Unidos. Este tipo de calumnias repugnantes están diseñadas para demonizar y vilipendiar a nuestras valientes fuerzas del orden del ICE. Este tipo de basura ha provocado un aumento de más del 400% en las agresiones contra agentes del ICE. Los políticos y activistas deben bajar el tono y moderar su retórica”, expresó McLaughlin el pasado 16 de junio.
Otra de las personas en mostrar su rechazo a las denuncias fue el fiscal federal interino para el Distrito Central de California, Bilal Ali “Bill” Essayli. Luego de conocerse el veredicto de Maame Ewusi-Mensah Frimpong, publicó un mensaje en X donde realzaba la labor de los integrantes del ICE.
“Discrepamos rotundamente de las alegaciones de la demanda y sostenemos que nuestros agentes nunca han detenido a personas sin justificación legal adecuada. Nuestros agentes federales continuarán aplicando la ley y acatando la Constitución de los Estados Unidos”, expresó el fiscal.