La confirmación de la condena penal por corrupción contra Cristina Fernández de Kirchner —seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos— no generó el repudio esperado por parte del progresismo latinoamericano.
El Grupo de Puebla —junto al Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD)— denunció persecución política contra la corrupta argentina, advirtiendo sobre la afectación de sus «derechos políticos» y llamó a la comunidad internacional a pronunciarse. Sin embargo, el respaldo no fue unánime. Una vez más, quedó en evidencia la grave fractura que existe entre los líderes de la izquierda regional.
Orsi nunca lee nada, nunca sabe nada. En Uruguay, el presidente Yamandú Orsi fue consultado acerca de si compartía la declaración del Grupo de Puebla. Sin embargo, a pesar de ser miembro fundador del foro progresista, respondió con total despreocupación: “No leí nada, no tengo idea”.
Dejó clara su posición: “no corresponde opinar sobre decisiones judiciales de otros países”. Esto se reflejó en la ausencia de un comunicado formal que respaldara a la condenada por corrupción por parte del Frente Amplio.
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Sin embargo, el Partido Comunista del Uruguay (PCU) sí lo hizo. Emitió su propio comunicado acusando directamente al sistema judicial argentino de practicar lawfare. Para el PCU, la condena a Cristina Fernández “no tiene base jurídica” y forma parte de una campaña sistemática para “eliminar políticamente a líderes populares en América Latina”.
El fracaso de Wado
La falta de respaldo del Frente Amplio y de Yamandú Orsi generó molestia en el kirchnerismo, que tenía puestas sus fichas en la gestión de Wado de Pedro, exministro del Interior y principal articulador del progresismo rioplatense.
Estuvo con el exterrorista José Mujica y lamentó públicamente su muerte. Se sacó fotos con dirigentes del Frente Amplio y celebró presencialmente la asunción del nuevo gobierno frenteamplista. Pero ahora, cuando la izquierda argentina más necesitaba respaldo, fracasó estrepitosamente.
No logró que el presidente uruguayo se pronunciara, ni que el Frente Amplio emitiera una posición institucional clara. “Fue nuestro enviado permanente a Uruguay, pero ahora ni un comunicado consigue”, se quejan en el entorno peronista. La operación diplomática de Wado quedó en evidencia: no pudo ni siquiera garantizar una reacción mínima.
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El progresismo está debilitado
La fragmentación que existe entre la izquierda latinoamericana es el principal obstáculo para la estrategia kirchnerista. Lula da Silva, Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum salieron a respaldar a Cristina Fernández. Gabriel Boric y Yamandú Orsi no lo hicieron.
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El kirchnerismo intenta instalar el caso en organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organiza comités de solidaridad con apoyo de partidos como el PT brasileño o Morena en México.
“Para que la presión internacional tenga efecto, necesitamos una mirada común en el progresismo latinoamericano”, señaló uno de los abogados de la corrupta argentina.
El kirchnerismo ejerce presión
En las últimas horas, legisladores del Frente Amplio en el Parlamento del Mercosur (Parlasur) presentaron dos proyectos de declaración de repudio contra la condena de Cristina Fernández de Kirchner.
El primero, firmado por parlamentarios de distintas nacionalidades —incluidos los uruguayos Bettiana Díaz y Nicolás Viera, ambos del Movimiento de Participación Popular (MPP)— expresa un enfático “repudio” a la sentencia. En el texto se cuestiona la celeridad atípica con la que se dictó el fallo, en un contexto preelectoral y sin pruebas concluyentes, lo que —afirman— implica la exclusión de la principal figura opositora del proceso democrático en Argentina. El documento denuncia el uso del poder judicial como herramienta de persecución política, señalando un caso de lawfare.
El segundo proyecto, presentado también por Bettiana Díaz, manifiesta la «preocupación institucional» del Parlasur ante un informe técnico realizado por una misión internacional de expertos en derechos humanos sobre las condiciones del arresto domiciliario de la corrupta. En particular, el informe —elaborado por el jurista brasileño Raphael Vasconcelos— cuestiona la obligación impuesta a CFK de portar una tobillera electrónica.
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A pesar de que la condenada por corrupción se encuentra cómodamente en su casa, califican la medida como «innecesaria, inadecuada y desproporcionada» y que podría constituir una forma de «tortura psicológica».
La izquierda argentina se hunde y lanza incoherentes manotazos de ahogado, presionando a Uruguay y a toda la región para que una corrupta encuentre un resquicio desde el cual volver a hundir a toda una nación en la miseria.