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El gobierno de Javier Milei recortó este jueves atribuciones a la Unidad de Información Financiera (UIF) en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos. Así quedó plasmado en el Decreto 274/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei; el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Jurídicamente, no lo tendrá prohibido, pero en la práctica la intención del gobierno libertario es que deje de intervenir como parte actuante. Esta limitación en sus atribuciones era un rumor que recorría los pasillos de la Casa Rosada desde hace meses, en especial luego de que el Gobierno resolviera echar a Ignacio Yacobucci de la dirección de la UIF y puso en su lugar a Paul Starc.
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El decreto también introduce modificaciones en cuanto al intercambio de información que realizará la UIF e incorpora a las facultades del organismo una más: “Intercambiar información con otros organismos o entidades públicas con facultades de inteligencia o investigación cuando la UIF estime que la información puede permitir a las autoridades receptoras enfocarse en casos o resultar relevante en la materia de lavado de activos, de financiación del terrorismo o de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. La información brindada por la UIF conlleva la obligación de guardar secreto conforme lo establecido en el artículo 22 de la presente ley”.
La UIF tendrá la potestad de autorizar a las futuras autoridades receptoras de dicha información a tener acceso a los casos y/o datos que considere relevantes. Asimismo, dispusieron que estas, además de ser utilizadas en investigaciones penales, quedarán habilitadas a ser utilizadas en análisis que busquen reconstruir las tendencias y patrones de los delitos mencionados.
Entre las competencias de la UIF se encontraban las de “recibir, solicitar y archivar las informaciones a que se refiere el artículo 21 de la presente ley. Dichos datos solo podrán ser utilizados en el marco de una investigación”. A eso ahora se agregó que dicha información podrá ser utilizada también para “su análisis estratégico para identificar las tendencias y patrones relacionados con el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
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Entre los considerandos de la medida se advirtió que “resulta necesario reducir la superposición de funciones entre los entes, garantizar una mayor coordinación en las políticas de administración de los recursos públicos y promover una gestión más ágil y centralizada”.
Asimismo, consideraron que “el intercambio de información permitirá mejorar el sistema nacional de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
Decreto 274/2025:
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