(Juan Pablo Peralta, Casa de Gobierno) – El Gobierno decidió este miércoles dar marcha atrás con la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay tras recibir una única oferta y ordenó a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia investigar a la firma postulante, la belga Dredging Environmental and Marine Engineering NV (DEME), por presunta presión sobre otros oferentes y posible asociación ilícita en perjuicio del Estado y los productores argentinos.
“Llama la atención que la única empresa que se presentó es la misma que denunció supuestas irregularidades en el proceso. Además, pese a que había 11 compañías inscriptas y varias con la documentación lista, sólo una presentó oferta”, sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni.
El funcionario ratificó que la administración de Javier Milei llevará adelante una investigación y no permitirá intentos de manipulación en las contrataciones públicas. “Si había un solo oferente, se daba de baja la licitación. Lo dijimos desde el principio y lo estamos cumpliendo”, aseguró.
Además, Adorni arremetió contra ciertos sectores políticos y empresarios que, según sus palabras, intentaron ejercer presión para modificar las condiciones del pliego. Aunque evitó mencionarlos directamente, sus dichos apuntaron a la Coalición Cívica, que viene denunciando supuestas irregularidades en la licitación. De hecho, su titular, Maximiliano Ferraro, reiteró el reclamo en la Cámara de Diputados: “Es urgente citar a los responsables de este proceso”.
En la misma línea, Iñaki Arreseygor, director de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, calificó el proceso de “transparente” y denunció maniobras de ciertos actores para evitar la competencia. “Un grupo de vivos operó para vaciar la licitación y sacar ventaja en perjuicio de los productores argentinos”, acusó.
La licitación de la Hidrovía, una de las rutas comerciales más importantes del país, representa un negocio multimillonario, ya que la concesión incluye el cobro de peajes que pueden generar ingresos cercanos a los 20.000 millones de dólares en las próximas tres décadas, con posibilidad de prórroga por otros 30 años.
El proceso licitatorio había despertado controversias desde el inicio. DEME había denunciado que el pliego estaba diseñado para favorecer a Jan de Nul, la compañía que había operado la Hidrovía hasta 2021. Sin embargo, la firma belga finalmente no se presentó a la licitación.
Tras la anulación del proceso, el Gobierno anunció que lanzará una nueva convocatoria una vez que concluya la investigación sobre las presuntas irregularidades detectadas. “Vamos a ser implacables con cualquier intento de defraudar al Estado”, enfatizó Adorni.