(Corresponsalía Buenos Aires) – El Gobierno de Javier Milei avanza con su estrategia de privatización y pone en la mira a tres de las principales empresas estatales: Aerolíneas Argentinas, Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) y el Banco Nación. La iniciativa contempla un drástico recorte del gasto público, la eliminación progresiva de subsidios y la adaptación del marco legal para facilitar el traspaso al sector privado.
El Ejecutivo trabaja en un proyecto de ley que será enviado al Congreso para aprobar la privatización de la aerolínea de bandera. Mientras tanto, el plan gubernamental busca reducir su dependencia de los fondos estatales, con una asignación de solo 60 millones de dólares para 2025, una cifra inferior a los 75 millones que recibió en 2024.
Fuentes oficiales indican que, si no se logra vender la empresa en su totalidad, el Gobierno evalúa la posibilidad de desmantelar Aerolíneas en distintas unidades de negocio. En este esquema, podrían ofertarse por separado activos como aviones, simuladores de vuelo, inmuebles y rutas aéreas.
En el caso de AYSA, la estrategia contempla su ingreso al mercado de capitales. Actualmente, el Estado Nacional posee el 90% de las acciones, mientras que el 10% restante está en manos de los empleados a través del Programa de Participación Accionaria (PPA). La privatización podría concretarse de dos formas: la venta total a un inversor privado o la cotización en bolsa para permitir la compra progresiva de acciones por parte del sector privado.
Desde diciembre de 2023, la empresa estatal redujo su plantilla de 7.700 a 6.400 empleados mediante un plan de retiros voluntarios, medida que el Gobierno considera clave para hacer viable su privatización en 2025.
La tercera gran transformación apunta al Banco Nación, que dejaría de ser una sociedad estatal para convertirse en una sociedad anónima. Para ello, será necesaria la aprobación de la Inspección General de Justicia (IGJ) y del Congreso Nacional.
Con activos por $48 billones, depósitos por $33 billones y un patrimonio neto de $15 billones, la institución es una pieza clave en el sistema financiero argentino. El plan del Gobierno es permitir el ingreso de capitales privados mediante una colocación progresiva de acciones.
La Casa Rosada busca concretar estas privatizaciones a lo largo de 2025, aunque cada proceso enfrenta desafíos legales y económicos. La postura oficial es que el Estado no debe administrar empresas y que la participación del sector privado garantizará mayor eficiencia y competitividad en los servicios.
En los próximos meses se definirá el destino de estas compañías, en medio de un debate que promete tensar la discusión política y económica en Argentina.