El Gobierno nacional derogó el régimen de compensaciones económicas que pagaba a empresas de transporte interurbano por los pasajes gratuitos obligatorios para personas con discapacidad, trasplantados y niños con cáncer. La medida se oficializó mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte.
El Gobierno nacional eliminó el esquema de compensaciones económicas que el Estado pagaba a las empresas de transporte interurbano de pasajeros por los pasajes gratuitos que deben otorgar, por ley, a personas con discapacidad, trasplantados en lista de espera y niños con cáncer. La medida quedó plasmada en la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, firmada por Mariano Ignacio Plencovich y publicada este lunes en el Boletín Oficial.
El régimen que se deroga tenía casi una década de historia y había sido creado para compensar a las compañías privadas por un costo que, bajo un sistema de tarifas reguladas por el Estado, no podían trasladar a sus precios. Las resoluciones ahora eliminadas databan de 2018, 2019, 2022 y 2023, y se financiaban con fondos de un fideicomiso y del Presupuesto General de la Nación.
El argumento central del Gobierno para suprimir el reembolso es el nuevo marco regulatorio aprobado mediante el Decreto 883 de octubre de 2024, que desreguló el sector y habilitó a las empresas de transporte de larga distancia a fijar libremente sus tarifas, recorridos y horarios. Según la resolución, ese cambio “alteró los presupuestos fácticos y jurídicos que dieron origen y sostuvieron el régimen compensatorio”, dado que las empresas ya tienen margen para internalizar dentro de su estructura de costos las obligaciones legales que les corresponden.
La resolución aclara que el derecho al pasaje gratuito no se modifica: las leyes que lo consagran (22.431 para personas con discapacidad, 26.928 para trasplantados y 27.674 para menores con cáncer) siguen vigentes y las empresas continúan obligadas a cumplirlas bajo control de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Lo que cambia es quién absorbe el costo: ya no el Estado, sino las propias compañías de transporte. El texto oficial reconoce que el impacto económico “se circunscribe exclusivamente a la relación financiera entre el Estado y los operadores privados”.
La medida se inscribe en la política de reducción del gasto público y desregulación que caracteriza la gestión del presidente Javier Milei. La CNRT quedó encargada de monitorear el cumplimiento de las obligaciones de gratuidad.