Las autoridades de seguridad provinciales emitieron un comunicado firme ante los episodios de amenazas en establecimientos educativos, recordando las consecuencias legales y el rol de las familias.
La Jefatura de Policía de Corrientes, con el respaldo del Ministerio de Seguridad, emitió un comunicado dirigido a la comunidad ante los recientes episodios de amenazas en establecimientos educativos. El mensaje advierte que acciones como amenazas, intimidaciones o incitaciones a la violencia, incluso a través de medios digitales, son consideradas delitos con consecuencias penales y civiles.
La fuerza de seguridad citó el Artículo 149 bis del Código Penal Argentino, que establece penas de prisión para quienes utilicen amenazas para alarmar o amedrentar a personas. Asimismo, señaló que cualquier mensaje difundido en redes sociales será investigado por las brigadas de inteligencia digital y puesto a disposición de la Justicia.
Un punto destacado del comunicado pone el foco en la responsabilidad de los padres o tutores. Según el Artículo 1754 del Código Civil y Comercial, estos son civilmente responsables por los daños que ocasionen los menores a su cargo, lo que podría derivar en demandas económicas.
Esta respuesta oficial surgió tras episodios registrados en escuelas públicas y privadas de Capital y el Interior. Recientemente, aparecieron inscripciones amenazantes en el Instituto Monseñor Ramón Roubineau y el Colegio Nacional, fijando incluso una fecha para un supuesto ataque. Una semana antes se habían registrado hechos similares en una Escuela Técnica de Santo Tomé.
Tras tareas de inteligencia, el jefe de la Policía, Miguel Ángel Leguizamón, confirmó la individualización de seis alumnos menores de edad como presuntos autores. La investigación, a cargo de la fiscal Lucrecia Troia Quirch, determinó que los jóvenes se habrían inspirado en “retos virales” de TikTok, promoviendo las amenazas a través de grupos de WhatsApp. Actualmente, hay 13 establecimientos bajo análisis, seis en la capital y siete en el interior provincial.
Para llevar tranquilidad, la Justicia ordenó un protocolo de custodia exhaustiva y, en casos específicos, se procedió a la revisión de mochilas antes del ingreso al aula. Las autoridades aseguran que la situación está “bajo control”, pero los operativos de vigilancia se mantendrán. Se recuerda que el número 911 es la vía inmediata para denunciar cualquier movimiento sospechoso.