Un año del lanzamiento y derrumbe de $LIBRA, la criptomoneda difundida desde la cuenta presidencial, miles de damnificados siguen esperando respuestas judiciales y políticas. Lo que fue presentado como una “innovación financiera” terminó en una transferencia millonaria hacia especuladores, mientras el Gobierno busca despegarse de una estafa que dejó pérdidas reales y una causa que avanza a paso lento.
La estafa presidencial
Hoy se cumple un año del escándalo de $LIBRA, la criptomoneda promocionada por Javier Milei que se disparó y colapsó en cuestión de horas tras ser difundida desde la cuenta presidencial el 14 de febrero de 2025, dejando a decenas de miles de inversores con pérdidas millonarias en todo el mundo.
Lo que comenzó como una promoción presidencial del token —presentado como un instrumento para “financiar pymes y emprendimientos”— terminó convertido en un capitalismo de casino con nombre oficial, donde las pérdidas fueron absorbidas casi en su totalidad por pequeños tenedores mientras un puñado de especuladores retiró ganancias extraordinarias minutos después del lanzamiento.
A pesar de que diversas investigaciones periodísticas y peritajes técnicos han identificado movimientos millonarios desde billeteras vinculadas al proyecto —con miles de damnificados en todo el mundo estimados entre 44.000 y más de 75.000— la causa judicial en Argentina sigue estancada: no se han fijado declaraciones indagatorias para los principales implicados, ni se han adoptado medidas concretas que responsabilicen a quienes promovieron masivamente $LIBRA desde el Estado.
Aunque la Cámara de Diputados creó una comisión especial para investigar el caso —con un informe que sostiene que hubo “colaboración imprescindible” del Presidente en la promoción del token— la investigación formal aún no arrojó resultados judiciales contundentes ni sanciones efectivas.
El caso $LIBRA no es un accidente ni un “error de comunicación”, sino un ejemplo de cómo la lógica de mercado y la especulación financiera se entrelazan con la política gubernamental en perjuicio de las mayorías populares. Las criptomonedas sin regulación, el uso de la imagen presidencial para impulsar activos riesgosos y la falta de respuestas claras por parte del Poder Ejecutivo y de la Justicia configuran una estafa con responsabilidades políticas claras.
A un año del episodio, la demanda de miles de damnificados —que aún esperan que se identifique a responsables y se reparen daños económicos y sociales— sigue chocando con la impunidad de los poderosos y la pasividad de los aparatos institucionales, mientras la administración actual intenta desviar la atención y minimizar el impacto político de uno de los escándalos financieros más resonantes de los últimos tiempos. Sigue siendo, más que necesario, que se constituya una Comisión Investigadora Independiente que arroje a la luz toda la verdad sobre este caso y se castiguen a todos los culpables.