El oficialismo buscará aprobar la iniciativa en febrero y el resultado funcionará como termómetro para los próximos objetivos del Gobierno. El vínculo del Presidente con los mandatarios provinciales entra en una nueva etapa, tras la confrontación de los primeros dos años.
A dos años del inicio del gobierno, la relación de Javier Milei con los gobernadores dejó atrás la lógica de confrontación abierta del primer tramo y entró en una etapa más pragmática, de negociación condicionada por el ajuste fiscal, la necesidad de votos en el Congreso y un esquema de recursos cada vez más escaso.
El tercer año de gestión encuentra a las provincias reordenando posiciones frente a un eje central para la Casa Rosada: el paquete de reformas que se debatirá en el Congreso.
El inicio del mandato libertario estuvo marcado por el choque. El recorte de transferencias, la paralización de la obra pública y la eliminación de fondos compensadores tensaron el vínculo con las provincias y derivaron en el fracaso de la primera versión de la Ley Bases. Ese episodio dejó claro que el poder territorial de los gobernadores es decisivo.
En una segunda etapa, el Gobierno mostró un giro. Con el ajuste ya consolidado y sin mayorías propias, comenzó a reconstruir canales de negociación. Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la promesa de reactivación selectiva de obras y los acuerdos quirúrgicos sobre las deudas de las cajas previsionales se convirtieron en herramientas para coordinar apoyos legislativos, con el Presupuesto 2026 como primer paso en ese nuevo equilibrio.
El tercer año encuentra a los gobernadores reordenando posiciones frente a debates centrales, con la reforma laboral como primera prueba legislativa. El oficialismo buscará aprobarla en febrero y el resultado funcionará como termómetro de una relación que dejó de ser binaria y pasó a definirse voto a voto.
Aliados y dialoguistas con reclamos abiertos
Entre los mandatarios con mejor vínculo con la Casa Rosada aparecen Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Jorge Macri (CABA) y Claudio Poggi (San Luis). Sellaron acuerdos electorales con La Libertad Avanza, mantienen un diálogo fluido con el Ejecutivo y respaldan la reforma laboral, aunque reclaman fondos para infraestructura y mayor previsibilidad en los giros nacionales.
En la misma línea se ubican Marcelo Orrego (San Juan), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Gustavo Sáenz (Salta), que —aunque mostraron algunas diferencias con el oficialismo— fueron clave para la sanción de leyes en 2025.
Los peronistas Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) ocupan una posición más ambigua, pero también aliada a Casa Rosada. Apoyaron el Presupuesto 2026 y se mostraron proclives a acompañar la reforma laboral, pero plantearon reparos sobre su impacto fiscal.
Según pudo saber , si bien consideran que la legislación laboral debe cambiar, advierten sobre “serios inconvenientes” en el proyecto del oficialismo, especialmente en algunos puntos que afectan a las economías con fuertes asimetrías regionales. El foco del conflicto está en el capítulo tributario. Los artículos 190 y 191 reducen alícuotas del impuesto a las sociedades y del Impuesto a las Ganancias, ambos coparticipables.
No son los únicos: gobernadores de distintos signos advierten que la merma en la recaudación podría ser significativa y plantean que, si avanza, sea Nación quien absorba el costo durante 2026.
En ese esquema se inscriben las recorridas del ministro del Interior, Diego Santilli, por provincias consideradas clave. En sus visitas recoge buena voluntad para apoyar la reforma, pero también reclamos por fondos que no llegan, obras paralizadas y deudas previsionales que siguen sin resolverse.
Provincias Unidas y la estrategia de la imparcialidad
El espacio de Provincias Unidas concentra a gobernadores que combinan colaboración legislativa con un discurso crítico hacia Milei. Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) son centrales para cualquier votación ajustada, aunque mantienen diferencias con el Ejecutivo.
Ambos consideran que se necesita una modernización, especialmente para que las pymes puedan sostener, crear y blanquear empleos, pero plantean que se debe dar el debate punto por punto, sin acelerar el tratamiento legislativo. “No tenemos apuro ni nos mueve el interés en un ATN”, aseguran.
Posición similar tienen los otros tres gobernadores que integran el espacio de Provincias Unidas: Ignacio “Nacho” Torres (Chubut); Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Al igual que Rolando Figueroa, (Neuquén), que también se mueve en esa zona intermedia.
Acompañan al Gobierno en general, pero plantean rechazos puntuales cuando consideran que se alteraban acuerdos previos, como ocurrió con el Capítulo XI del Presupuesto 2026 incorporado a último momento por el oficialismo. Incluía la derogación de la Ley de Discapacidad y del Financiamiento Universitario, leyes que habían sido promovidas por ese espacio.
Ese episodio dejó una señal clara. El Ejecutivo logró aprobar la ley en general, pero sufrió una derrota política al intentar avanzar sobre temas sensibles sin consenso previo. Diputados sobre los que tienen injerencia rechazaron ese apartado, aun cuando habían facilitado el avance del proyecto en otros tramos.
Oposición dura, ajuste fiscal y negociación condicionada
En el otro extremo se alinean los gobernadores que anunciaron una articulación opositora en el Congreso. Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Elía Suárez (Santiago del Estero) se reunieron a mediados de diciembre y publicaron un posicionamiento conjunto.
Todos están distanciados del ala dura kirchnerista, que se quedó sin representación territorial federal, aunque mantiene una alta injerencia legislativa tanto en el Congreso nacional como en las legislaturas provinciales.
Los seis mandatarios cuestionan el impacto federal de las reformas libertarias y advierten sobre la pérdida sostenida de recursos provinciales. En el comunicado conjunto señalaron que “las provincias fueron recibiendo cada vez menos recursos” y que la reforma laboral “se convirtió en un instrumento para generar más desfinanciamiento federal”.
Los datos del ajuste que definen alineamientos o refuerza distanciamientos
El telón de fondo del alejamiento o acercamiento de los gobernadores y Milei es el ajuste. La ejecución presupuestaria de 2025 cerró con una caída real del gasto cercana al 29%, con recortes críticos en transferencias a provincias y municipios, según el CEPA.
En ese contexto,los ATN volvieron a ser una herramienta central. Solo en diciembre se giraron $66.500 millones, de acuerdo con los datos del IARAF. Tucumán ($20.000 millones), Misiones ($12.000 millones), Chaco ($11.000 millones), Catamarca ($10.500 millones), Entre Ríos ($7000 millones) y Salta ($6000 millones) concentraron el 33% de los $198.000 millones distribuidos en todo 2025. Los legisladores de las seis provincias fueron una llave fundamental para que el oficialismo apruebe el Presupuesto 2026 y se perfilan para repetir el esquema en el debate de la reforma laboral.
A eso se suman las deudas de Anses con las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales. Buenos Aires reclama $12 billones; Santa Fe, cerca de $2 billones; y Chubut, $51.000 millones. El Presupuesto 2026 prevé $122.000 millones para 13 distritos, una cifra que los gobernadores consideran insuficiente y que alimenta la desconfianza.
La reforma laboral expone el nuevo vínculo entre Milei y las provincias. De la confrontación abierta del primer año se pasó a una negociación pragmática, con recursos sobre la mesa y límites un poco claros que al principio del mandato. En el tercer año de gestión, el Gobierno necesita sostener acuerdos —aunque sean frágiles— en un Congreso dividido, mientras los gobernadores administran apoyos selectivos con el objetivo de no resignar poder territorial.