En junio de 1985, Enrique Pescarmona estaba orgulloso. Había sido beneficiado durante el gobierno de Raúl Alfonsín como el que presentó la mejor oferta, y se había quedado con el manejo de Austral Líneas Aéreas. Con su empresa Cielos del Sur, había vencido incluso a la familia Reynal, la histórica propietaria de la compañía; y a quienes se la habían quitado durante la dictadura militar. Caso extraño el de Austral. Había sido estatizada por el ortodoxo José Alfredo Martínez de Hoz y privatizada por el socialdemócrata Alfonsín. En aquellos primeros vuelos de la Austral propiedad del dueño de Impsa, se escuchaba por los parlantes: “Usted está volando por Austral Líneas Aéreas, una empresa nuevamente privada”. Sin embargo, la aventura del histórico metalúrgico salió mal. El negocio nunca funcionó, y a comienzos de los 90 estaba por quebrar. Apareció entonces el anuncio tan esperado por Pescarmona. Junto con la telefonía, Aerolíneas Argentinas sería de las primeras compañías en privatizarse. Y con los papeles claros y el apoyo del Congreso Nacional. No como la fallida intención de los tardíos 80, de crear una extraña sociedad entre Aerolíneas Argentinas y la sueca SAS, que se quedaría con el 40% del paquete y la operatoria.
Era el proyecto del entonces ministro de Obras y Servicios Públicos de la Nación, Rodolfo Terragno, quien tenía en mente un proyecto de sociedad con privados para hacer rentables las muy deficitarias empresas públicas. Ya con Carlos Menem en el poder, Roberto Dromi había redactado un proyecto de privatización total de Aerolíneas Argentinas, como parte de la aplicación de la ley de Emergencia económica. En tiempo récord. El 23 de octubre de 1990, el consorcio formado por la española Iberia como socio mayoritario y Cielos del Sur de Pescarmona, ganan la licitación y desembarcan en Aerolíneas. La convivencia fue complicada desde el principio, fundamentalmente por la manera en que los españoles manejaban el apalancamiento financiero de la operación. Concretamente, Iberia no puso dinero. Compró unos US$ 1.610 millones en títulos públicos (los primeros Bonex) y se comprometió a abonar en efectivo otros US$ 260 millones. El pago de este dinero se retrasaba demasiado en aparecer, y Pescarmona vio cómo la realidad era que no había planes de Iberia de abonar los dólares que le correspondían; sino una curiosa manera de hacerse del efectiva. Para conseguir los fondos, Iberia se endeudó y transfirió el pasivo a la propia compañía; quien a su vez colocó los aviones propios, inmuebles en todo el mundo y oficinas locales como garantía de pago. Además, se desprendieron de los talleres propios, desmantelaron los legendarios simuladores de vuelo de Aerolíneas y levantaron decenas de rutas y escalas consideradas no rentables. En una operación algo extraña, Pescarmona terminó vendiendo sus acciones a Iberia, entregando también Austral al manejo de los españoles.
El Ciadi es un tribunal donde a la Argentina siempre le va mal. No fue la excepción
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Todo había sido una operación armada por el gobierno español y el argentino, con un lobista de lujo: el exprimer ministro hispano Felipe González, hombre del PSOE y dedicado en aquellos años 90 (y en estos también) a abrir negocios en América Latina para las compañías españolas. Privadas y públicas. La operación Iberia fue una de ellas.
Las cosas no funcionaban bien. Iberia perdía dinero. En julio de 1992, el Estado argentino aumentó su participación, asumiendo el control del 28% de las acciones. Los empleados detentaban el 10%; con lo que, para el segundo año de operatoria de los españoles, la mayoría de las acciones (el 51%) ya no pertenecían a la aerolínea europea. La foto a ese año era de un 30% de acciones en poder de Iberia, con un 19% en manos de bancos de ese país, como parte de pago de la deuda que la compañía mantenía por su operatoria en Europa.
Aerolíneas, operada por los privados, seguía perdiendo dinero. En 1996 ingresaron como accionistas un pool de bancos norteamericanos como el Merrill Lynch y el Bankers Trust, quienes a su vez trajeron a la aerolínea de Estados Unidos American Airlines como operadora. Esta compañía había llegado por una promesa que algún funcionario argentino le llevó a la mesa de negociaciones: en poco tiempo, el gobierno de Carlos Menem implementaría en el país la política de cielos abiertos; con lo que American podría operar libremente la ruta que quisiera con el horario que se le plazca. Para que ese negocio funcionara, debía estar en la primera fila de operadores, con lo que tener un pie enorme dentro de Aerolíneas facilitaba las cosas. Iberia, por su parte, veía en la llegada de los norteamericanos, la oportunidad que venía esperando desde comienzos del 91, ya con algún mes de responsabilidad en la empresa: irse de Aerolíneas. Como sea. Sin embargo, la promesa del gobierno menemista nunca se concretó, los cielos comerciales nunca se abrieron, y tras nueve meses de operatoria, American Airlines se fue. Y atrás de ella, los dos bancos de los Estados Unidos, quienes prometían poner dinero para convertir a Aerolíneas en algo rentable.
Pero, no había caso, la explotación comercial de la compañía de aviación argentina no era viable. Muchas rutas que debían mantenerse abiertas (como las del interior del país), un costo en dólares alto (fruto de la convertibilidad) y bastante de desidia en el management, provocaron el primero lento y luego rápido declive. Finalmente, en 1994, Iberia transfiere las acciones de Aerolíneas al gobierno español, quien a su vez las traslada a la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) para que la administre. Este ente público de participaciones industriales del Estado español manejó con cierta prudencia la empresa durante un lustro, hasta que, en 1990, declaró a la compañía aérea argentina en bancarrota. Y no ocultaba sus intenciones de cierre. En junio de 2001 la SEPI tenía la firme intención de terminar con la experiencia de los capitales españoles en Aerolíneas, y pasó a la acción. Comenzó una dramática suspensión de rutas, incluyendo todas las internacionales, y la aerolínea entró formalmente en convocatoria de acreedores y suspensión de pagos. El fin de la historia de Aerolínenas Argentinas era inminente, cuando, sorpresivamente, en octubre de 2001 apareció un interesado en adquirir la operatoria. Se trataba del Grupo Marsans, un consorcio español formado por las aerolíneas privadas Spanair y Air Comet, que adquirió el 92,1% de las acciones en aproximadamente un dólar. Días antes, en Buenos Aires, la Auditoría General de la Nación estableció que Aerolíneas Argentinas había formalmente quedado luego de 18 años de gestión española, con un patrimonio negativo de $ 2.500 millones de entonces (aproximadamente US$ 700 millones) y un pasivo directo de US$ 890 millones. Inmediatamente, Air Comet comenzó a utilizar los pocos activos que le quedaban a Aerolíneas para apalancar inversiones en otras unidades de negocios, como Air Comet Europa, Air Comet Chile, Marsans Internacional Argentina y Marsans Internacional Chile. Como los pasivos de la aerolínea local eran mayores a los activos, todas esas apuestas terminaron mal. Fundamentalmente para Aerolíneas.
Reestatización. Finalmente la historia de la privatización de la empresa terminó en 2008. La reestatización de Aerolíneas Argentinas fue reglamentada por Cristina Fernández de Kirchner el 17 de diciembre de ese año, luego de que la Cámara de Diputados convirtiera en ley el pedido de la jefa de Estado en avanzar en esta operación, bajo la figura de empresa “de interés público nacional”. Abarcaba Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas, Jet Pack, Optar y Aerohanding. El 9 de enero de 2009 la presidenta Cristina de Kirchner habilitó al Ministerio de Planificación Federal que conducía Julio de Vido a que inicie la toma de la compañía; en ese entonces en manos del Grupo Marsans. El 5 de febrero de ese año el gobierno de entonces nombró a Julio Alak como presidente del directorio, dando forma a la renacionalización.
En paralelo, el Grupo Marsans, que había iniciado desde 2008 una notable desinversión en Aerolíneas que la dejaba al borde de la inactividad comenzaba a mostrar en diciembre de 2009 evidentes problemas de continuidad en España. El 22 de diciembre se le retiraba el permiso para operar a Air Comet, la compañía bajo la cual operaba Aerolíneas, y el 20 de abril de 2010 la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) les retiró la licencia para vender billetes de avión por impagos. El Grupo Marsans presentó en junio de 2010 su solicitud de concurso de acreedores voluntario para todas sus sociedades, y el 25 de junio la Justicia española le habilitó el proceso de quebranto. El 2 de julio la Justicia española comenzó un proceso contra el presidente del Grupo, Gerardo Díaz Ferrán, por vaciamiento y lavado de activos, en una investigación que incluía la liquidación de los últimos ejercicios de Aerolíneas Argentinas. La causa comenzó a progresar, y el 3 de diciembre de 2012 Díaz Ferrán fue detenido y apresado, acusado de blanqueo de dinero, declarándose culpable el 2 de julio de 2015 por la causa Marsans. El fallo incluyó cinco años de prisión efectiva, que se cumplirían en 2020. Al estar procesado, no podía comenzar la causa por la manera en que se reestatizó Aerolíneas por parte del gobierno de Cristina F. de Kirchner, operación por la que no se le pagó un solo dólar. La situación fue detectada por unos abogados de Londres. Los de Burford Capital, los mismos que en paralelo comenzaban a diseñar la causa contra Argentina por la manera en que se renacionalizaba YPF en 2012. Burford contactó a Díaz Ferrán, ya en prisión, y le compraron los derechos para avanzar con el juicio ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi); un tribunal donde a la Argentina siempre le va mal. Y ésta no fue la excepción.
Final. La historia final del caso Aerolíneas Argentinas es ejemplar sobre lo mal que se puede llevar adelante un caso de nacionalización de una empresa, más allá de la convicción ideológica que se tenga de llevar adelante una cruzada de este tipo. El 15 de marzo de 2018, a tres días de haber ganado el juicio ante el Ciadi, Burford Capital anunció a la Bolsa de Comercio de Londres (donde cotiza) que vendía el juicio a “inversores privados” en unos US$ 107 millones, y que se concentraría en otra megacausa contra el país: la de YPF. Burford explicaba en la comunicación que habiendo ganado suficiente dinero, y ante la necesidad de derivar capitales a esa otra causa que sería más rentable, elegía desprenderse del caso Aerolíneas al no tener la certeza sobre los tiempos en que el tribunal del Banco Mundial resolvería la negativa de Argentina de reconocer la derrota. Esto finalmente ocurrió, con lo que Burford perdió dinero al no especular con una solución rápida. Sí fue un meganegocio para los que le compraron el juicio y confiaron (quizá teniendo información privilegiada) en que el Ciadi no tardaría tanto en dejar firme el caso.
Burford había sido quien inició la causa ante el tribunal del Banco Mundial en 2009, y había obtenido en julio de 2017 un fallo favorable por unos US$ 140 millones originales. El litigante le había adquirido en US$ 13 millones los derechos de litigar contra Argentina por este caso al Grupo Marsans, a través de la sociedad Teinver. Marsans no podía concentrarse en avanzar en el litigio por un detalle particular: Gerardo Díaz Ferrán, dueño del grupo, había sido condenado en septiembre de 2015 a cinco años y medio de prisión y al pago de una multa de 1,2 millón de euros por el vaciamiento de su compañía y lavado de activos. La estrategia de Burford fue separar los problemas legales de Marsans en España y concentrar la causa en una acción de una nacionalización de un país a una empresa de capitales extranjeros, sin negociar y liquidar una retribución por ese capital expropiado. La estrategia fue exitosa y Burford logró fallo positivo en 2017. Argentina apeló y el tribunal del Banco Mundial definió que la sentencia quedaba firme.
Con el fallo de 2018, Burford había obtenido un récord mundial: una ganancia de casi 980% por haber invertido unos US$ 13 millones en adquirir el juicio de Marsans. Lograba así superar en porcentaje y tiempo de espera la ganancia que había obtenido Paul Singer y su fondo Elliott contra la Argentina, luego de haber vencido en el “juicio del siglo” en los tribunales de Thomas Griesa. Un cetro que ya fue superado. Por Burford. Quien venció la causa por YPF, donde logró una rentabilidad de más de dos mil por ciento al tener un fallo positivo de Loretta Preska por unos US$ 16 mil millones.